30 de agosto – Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

La desaparición forzada se entenderá por “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Del artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006.

 

Origen de la conmemoración

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora desde el año 2011, a partir de la resolución A/RES/65/209 de la Asamblea General de la ONU. Allí, el organismo internacional acoge “con beneplácito que, en los últimos años, el 30 de agosto se haya observado en muchos países del mundo como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. Para esta decisión, la ONU tomó la propuesta de algunos sectores, como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que habían decidido instituir esa fecha ya en 1981. Esta organización no gubernamental está integrada por las Asociaciones de Familiares de países de América Latina y el Caribe en los que la desaparición forzada de personas se había tornado una práctica recurrente.

La resolución de la Asamblea General de la ONU explicita la preocupación del organismo por “el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido”.

En su última sesión de trabajo, en mayo de este año, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU examinó más de 900 nuevos casos denunciados de desapariciones forzadas, de Argelia, Bangladesh, China, la República Popular Democrática de Corea, Egipto, India, Irán, Iraq, Israel, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Ucrania.  El órgano constituido por un grupo de cinco expertos internacionales cumple la  función de examinar cuestiones relativas a desapariciones forzadas o involuntarias de personas e instan a los Estados a impulsar la investigación y el paradero de las personas desaparecidas.

De acuerdo a la definición del Grupo de Trabajo, para que exista desaparición forzada deben estar presentes tres componentes:

  1. La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
  2. La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia;
  3. La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

 

El Terrorismo de Estado en Argentina

En este país, al igual que en otros de la región, el problema de las desapariciones forzadas preexiste en muchos años a la Convención. Durante la década del 70, sobre todo en el período de la última dictadura cívico-militar -que se prolongó desde 1976 hasta 1983-, la desaparición forzada de personas se transformó en el método más utilizado para la persecución y represión política. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas fueron secuestrados, y los pedidos de habeas corpus presentados por sus familiares, rechazados. Hasta el día hoy, si bien algunos casos fueron esclarecidos y los cuerpos encontrados, la gran mayoría de las víctimas continúa desaparecida.

 

La política y el arte. La realidad que irrumpe en la ficción

Promediando la década del 70, a pesar de que en Argentina regía un gobierno democrático, el creciente accionar de fuerzas represivas paramilitares y parapoliciales preludiaban la cruenta dictadura militar que asolaría el país luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En una Buenos Aires en la que el miedo se hacía sentir en la calles, el 24 de mayo de 1975 se produce la fuga de veintiséis mujeres de la cárcel del Buen Pastor. Ese hecho sirve de disparador de la obra “Código Tartufo. Molière 1975”, de la dramaturga Merceditas Elordi y estrenada en 2017.

La trama se desarrolla en una sala de teatro cercana al convento del Buen Pastor. Allí, un elenco lleva a cabo el ensayo general de Tartufo, de Molière. El estreno de la obra es inminente. En medio del ensayo una mujer llega desesperada pidiendo ayuda. Se trata de Alicia, una joven de 19 años que acaba de escapar de la mencionada cárcel de presas políticas. La irrupción detiene el ensayo y a partir de ese momento la realidad atraviesa la ficción.

La dramaturga Merceditas Elordi, el director David Señoran, y el protagonista y cocreador de la obra, Ariel Osiris, nos brindan su mirada de “Código Tartufo. Moliëre 1975”, en el video realizado por el CIPDH.