Desarrollo de los ejes
Inclusión e Igualdad
El derecho a la igualdad significa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin que haya distinción para disfrutarlos por motivos de color, idioma, religión, opinión, género, orientación sexual, identidad de género, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Los Estados tienen el deber de garantizar los derechos mediante normativas y políticas públicas que permitan a las personas alcanzar el máximo desarrollo de sus posibilidades y el pleno ejercicio de sus derechos. Ello requiere acciones que conduzcan a la inclusión y a la integración, adecuadas a los diferentes casos y condiciones, y que sean transversales, es decir que atraviesen todas áreas, desde la economía, la educación, la infraestructura y el trabajo, hasta las leyes, la comunicación y la cultura.
Así como lograr la inclusión e igualdad requiere elaborar condiciones adecuadas para la integración de quienes necesiten requerimientos particulares, también exige adoptar medidas contra todo tipo de prácticas discriminatorias y discursos de odio hacia quien es percibido como diferente. Es necesario asumir que existen prejuicios y estereotipos hacia algunos grupos poblacionales, grupos que suelen ser más vulnerados socialmente y muchas veces sufren discriminación y xenofobia, como son la población migrante, la perteneciente a comunidades originarias y afrodescendientes o a distintas religiones o culturas, aquellas personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad, las mujeres, las diversidades, así como quienes se encuentran en situación de pobreza.
Ambiente y desarrollo sostenible
Disfrutar de un ambiente sano es un derecho indispensable para el sostenimiento de la vida y los demás derechos. En abril de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró como derecho humano universal el acceso a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta resolución significa un paso importante para enfrentar una triple crisis planetaria: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de naturaleza y biodiversidad, y la crisis de la contaminación y los residuos, que ponen en riesgo la calidad de la vida en el planeta. Sus efectos impactan especialmente en las poblaciones más vulnerables, ampliando las brechas de desigualdad, así como las diferencias para hacer frente a los incidentes y recuperarse de los mismos. Se trata a la vez de una crisis social y ambiental.
La forma en que una sociedad concibe la relación con la naturaleza tiene un impacto en el ambiente, la salud y las condiciones de vida generales. En un extremo se puede concebir una relación antropocéntrica, puramente exterior e instrumental, donde la naturaleza provee recursos para el bienestar del ser humano y puede ser intervenida a voluntad. En el otro extremo está la perspectiva Biocéntrica, que pone la Vida en el centro y al ser humano como parte de la Naturaleza.
Esta crisis ambiental es resultado de la actividad humana por sobre los límites biofísicos de la naturaleza. Hoy la humanidad enfrenta el desafío de lograr medidas multilaterales que sean eficaces, a la vez que inclusivas y sostenibles. Se precisan cambios significativos en materia de gestión de metales, recursos minerales, productos químicos, residuos, asistencia social y económica, recuperación ambiental, gestión de los recursos hídricos, estilos de vida sostenibles, rehabilitación de tierras y aguas degradadas y muchos otros.
Vidas libres de violencias
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencias, tanto por parte de los Estados como en sus relaciones interpersonales, en el ámbito público y en el privado. Este derecho a su vez exige la protección de otros múltiples derechos básicos como la vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura, a un igual trato ante la ley, a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, el derecho de acceso a la justicia y los derechos sexuales y reproductivos.
A su vez otros instrumentos del Derecho Internacional reconocen el derecho a una protección especial por parte de los Estados a ciertas poblaciones vulnerabilizadas, como mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, migrantes, entre otras, obligándolos a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a situaciones de violencia y generar un entorno en el que puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Encontramos la definición de violencia en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”: es el derecho a que ninguna acción u omisión, basada en el género, cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
La violencia se manifiesta de múltiples formas y en diversos ámbitos. Y todas esas expresiones, prácticas y representaciones se encuentran relacionadas entre sí. De este modo se incluyen, se nombran, se visibilizan, diversas situaciones de crueldad y padecimiento y diversos espacios donde esto puede ocurrir, tales como el ámbito doméstico, las instituciones, las redes sociales, los medios de comunicación, etc.
Por sus compromisos internacionales, los Estados se encuentran obligados a erradicar las violencias, a prevenirlas y eventualmente a castigar a quienes las ejercen. Sin embargo, es necesario asumir que el solo accionar estatal resulta insuficiente. Cada persona debe sentirse interpelada tanto por su propio derecho a vivir su vida libre de violencia como el del resto de las personas, a fin de reflexionar y generar habilidades para la construcción de vínculos saludables basados en el respeto.
