La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en conmemoración de la Matanza de Sharpeville (Sudáfrica), llevada a cabo por la policia sudafricana en 1960 contra manifestantes que protestaban contra el Apartheid.
Desde su inicio, los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a combatir toda forma de discriminación y garantizar la igualdad. Uno de propósitos de la organización, consagrado en el Artículo 1 de su Carta, es fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales independientemente de su ascendencia, color, género, idioma, religión, opinión política u otra condición de cada persona.
La expresión más clara es la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial adoptada por la Asamblea General (AG) en 1965.
La convención (a veces mencionada como “tratado”) está explícitamente dedicada a la eliminación de la xenofobia y de toda forma de discriminación. Es jurídicamente vinculante para los Estados miembro que tienen la obligación de respetar y aplicar sus disposiciones.
La xenofobia refiere al uso combinado del poder bajo la creencia de que algunas ascendencias son inferiores a otras, que conduce a la opresión o segregación de grupos étnicos específicos y se detecta a través de procesos, comportamientos y acciones que generan diferencias en las oportunidades de educación y empleo, condiciones de vida y salud.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para promover y lograr el respeto de los derechos humanos y de la no discriminación, las prácticas segregacionistas persisten en la mayor parte del mundo y se han vuelto más prominentes y generalizadas en algunos contextos. Ciertamente, las políticas de inmigración y asilo más severas adoptadas por algunos Estados a veces coinciden con retóricas y actividades xenófobas, mientras que también se han producido depuraciones étnicas y atrocidades contra los derechos de las minorías según su ascendencia, de los migrantes, de solicitantes de asilo y de pueblos indígenas, objeto de intolerancia. Más aún, millones de personas se enfrentan diariamente a la discriminación en el empleo, la educación y la atención de la salud, simplemente porque pertenecen a un grupo étnico en particular.
La legislación debe garantizar que se promueva la igualdad y se desafíe la discriminación para fomentar la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones entre personas de diferentes grupos.
Sin embargo, en la actualidad, la aplicación del tratado aprobado hace más de 50 años ha desarrollado formas no previstas por quienes la redactaron: la xenofobia ha mutado y desarrollado nuevas versiones que profundizan los desafíos actuales para construir un mundo libre de discriminación y de intolerancia.
La crisis de salud mundial está facilitando una carta blanca para manifestar actitudes hostiles hacia grupos e individuos específicos por motivos que reflejan la transversalidad de la discriminación. Indudablemente, a más de un año desde de su aparición, el COVID-19 no sólo es un serio desafío para la salud mundial: constituye además una disputa para el ejercicio de nuestros derechos dado que ha afectado a todos los países y ha exacerbado las desigualdades que afrontan grupos minoritarios y vulnerables.
Dado que el Covid-19 expuso aún más las divisiones en nuestras sociedades, debemos poner todos nuestros esfuerzos en abordar los efectos dispares que sufren los grupos minoritarios discriminados respecto del acceso a la educación y los servicios de atención médica (incluidas las vacunas), las tareas de cuidado, el empleo y la vivienda. Insistimos en que los Estados tienen la responsabilidad de protegerlos mediante la adopción de políticas que favorezcan su inclusión, comenzando por las instituciones públicas y el sistema educativo. Con medidas específicas podemos abordar la xenofobia en toda su complejidad.
Las consecuencias de la pandemia han perjudicado a los más vulnerables, a quienes debemos prestar más atención. Es así que nuestra obligación es acercarnos a las víctimas de la xenofobia y la discriminación para ampararlos y establecer marcos legales y políticas públicas sólidas para evitar su segregación y exclusión. Al prevenir y contrarrestar actos inhumanos y delitos de odio, nuestra sociedad se volverá más inclusiva y resiliente en estos tiempos de crisis.
Ninguna persona está definida por un solo rasgo; el género, la edad, la posición económica y social se combinan para multiplicar el impacto de la discriminación y la exclusión. Debemos trabajar junto con los y las afectadas en la construcción una sociedad que bregue por atender los derechos humanos en su diversidad.
La xenofobia, la intolerancia y los prejuicios son fuerzas complejas y profundamente arraigadas. Será nuestra tarea sortear la barrera de la discriminación para aspirar a una convivencia en paz, manteniendo como principio la solidaridad y el respeto hacia todos los grupos disidentes, más allá de su etnia, raza o elección de vida.
