El 23 de septiembre de 1913, hace ya más de un siglo, se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina, y a esa Ley 9143 se la conoció por “Ley Palacios”, ya que fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en ese mismo año, decidió declarar cada 23 de septiembre como Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Según el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, “la trata de personas es un delito pluriofensivo que vulnera la libertad, la autodeterminación, la dignidad, y la integridad física, psíquica y sexual, entre otras áreas de la vida. Y puede afectar a mujeres, varones, niñas y niños”. Además, el organismo del sistema de justicia nacional y federal que se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos en Argentina demanda que “las respuestas a la explotación y a la trata de personas deben centrarse en la prevención, en la investigación, en el juicio y en la sanción de los responsables, así como en el respaldo y en la reparación a las víctimas”.

El Informe Mundial que elabora la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestra que las mujeres y las niñas constituyen las principales víctimas de la trata de personas, con porcentajes del 51% y el 20%, respectivamente. A esa actualidad, en la cual la superposición de categorías sociales como el género, la edad, los factores raciales y la posición económica incide en la exposición de determinados grupos a la trata y la explotación, hoy se suma la preocupación por el impacto de la pandemia de COVID-19, ya que “la falta de vivienda, servicios de salud y asistencia jurídica, entre otros, puede aumentar la vulnerabilidad de las víctimas, exponiéndolas a la enfermedad”, según el informe de UNDOC.