Los problemas de salud gravísimos que sufren millones de mujeres debido a la pobreza, la violencia, las guerras, la discriminación y la exclusión social, llevó a que en 1987, en el marco de la Conferencia Internacional de la Salud de las Mujeres realizada en Costa Rica, una asamblea de mujeres agrupada bajo la denominación Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) propusiera establecer el 28 de mayo de cada año como el Día Internacional de Acción para la Salud de la Mujeres, buscando visibilizar mucho más a las mujeres y niñas en todo lo que concierne a su integridad como un derecho universal.

Encabezando ese movimiento, la RSMLAC asumió la responsabilidad de promoción y coordinación de todas las acciones. En 1988 se lanzó la campaña denominada Prevención de Morbilidad y Mortalidad Materna, con el objetivo de alertar acerca de la cantidad de muertes que se registran en el mundo por falta de asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas. En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso de evaluación de la Campaña ampliando el análisis a las nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud de las mujeres. Diferentes organizaciones de mujeres decidieron entonces impulsar en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación de la RSMLAC. En la actualidad, la Covid-19 agrava las condiciones de salud de un gran número de mujeres. Por caso, aproximadamente 18 millones de latinoamericanas y caribeñas no han tenido acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia y se calcula que habrá unos 3 millones de abortos inseguros y más de mil muertes maternas adicionales en la región, según datos de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Pero además de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud integral es un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo. La demanda de las organizaciones de mujeres y profesionales de la salud es hacia los gobiernos, con el objetivo de cambiar de una vez por todas la calidad de vida de las mujeres en el mundo. La salud integral para las mujeres no es un hecho meramente biológico, responde a factores biopsicosociales y depende, en la mayoría de casos, del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad, así como de su capacidad para acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de violencias.