La iniciativa llevada a cabo desde el CIPDH-UNESCO que responde a la trata de hombres, mujeres, niñas y niños es un delito grave y en rápido crecimiento que afecta a miles de personas inocentes en todo el mundo y supone una grave violación de los derechos humanos fundamentales. Los traficantes de seres humanos controlan y explotan a las víctimas vulnerables y hacen uso de amenazas, fuerza, engaño o secuestro empleando, en gran medida, la explotación sexual y laboral, que a menudo son dirigidas a individuos con escasa formación o medios económicos. 

La lucha de autoridades nacionales, regionales e internacionales contra la trata de seres humanos puede beneficiarse, en gran medida, de acuerdos y convenios que se realicen entre organismos gubernamentales, e incluso no gubernamentales, con el fin de coordinar investigaciones paralelas en aquellos países en los que se recluta, explota y traslada a las víctimas.

Asimismo, las numerosas consideraciones que rodean a los casos de trata de personas, junto con la naturaleza a menudo compleja de estas actividades, plantean retos a las autoridades de los países involucrados durante la fase de investigación y enjuiciamiento.

Estos delitos suelen ser cometidos por grupos de delincuencia organizada que administran un gran cantidad de recursos y de métodos de trabajo cuyos beneficios pueden ser difíciles de rastrear y de incautar.

Localizar, identificar y convencer a las víctimas para que brinden su cooperación a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales a fin de llevar a los autores ante la justicia constituyen un reto complejo.

Es así que, desde el CIPDH-UNESCO, y tomando en consideración la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, sus autoridades han decidido firmar acuerdos con diferentes organismos nacionales, extensivos a los ámbitos regional e internacional, para desarrollar actividades comprometidas con la lucha contra este flagelo.