Por Bryan J. Mayer (*)
Durante las ocasiones en que estuve en Ucrania cubriendo la guerra o mientras me refugiaba junto a israelíes de los ataques que recibimos me sentía, como sensación general, desprotegido. Era el síntoma de estar en las condiciones más vulnerables en las que alguna vez me había encontrado. Esto se debía a que sobre mi vida –y las de alrededor– no había garantía alguna que pudiera protegernos verdaderamente de las agresiones mencionadas, al margen de textos legales de alcance internacional que muchas veces no se aplican en la práctica.
Cito las experiencias personales del primer párrafo como extremo crítico de la ausencia de condiciones que aseguren el respeto a los derechos humanos y cómo esto se traduce en desprotección hacia las personas. Como argentino, no puedo evitar trazar paralelismos con mi infancia y adolescencia, marcadas por recuerdos que hoy me traen a la mente sobreactuaciones en nombre de causas nobles que solamente derivaron en negocios para unos pocos. También, en un errado enfoque de sobreprotección hacia aquellos que, incluso atentan contra los derechos de otros individuos.
En virtud de lo anterior, me atrevo a afirmar que muchos son los argentinos que deben compartir aquella desazón al escuchar el término: “derechos humanos”. Sucede que la banalización del concepto, por caso su explotación económica e ideológica, generó una desafección en amplios sectores de la sociedad.
Argentina atraviesa, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, una fase de normalización y sinceramiento de infinidad de elementos enmarcados en las tareas del Estado Nacional. En este sentido, y en virtud de los antecedentes mencionados, la implementación de políticas de derechos humanos no queda fuera de dicho proceso.
En ese marco y con el relanzamiento de gestión del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el desafío de la administración que encabeza la Dra. Ana Mármora –y específicamente en lo que compete al área del autor– es reinsertar la promoción de los derechos fundamentales de todas las personas en la agenda institucional, política y civil de organismos y particulares de nuestro país y de todo el mundo.
La forma austera, pragmática y esencial del funcionamiento del Estado Nacional, junto al relacionamiento argentino con el mundo durante 2024 y 2025, marcan la orientación en nuestro trabajo de revalorizar el concepto de derechos humanos y lograr asimilarlo con la defensa de la vida desde la concepción, la dignidad y la libertad, y no como un nicho de corrupción, negocios o persecución ideológica. Para lograrlo, estableceremos alianzas con aquellos que reconocen que la promoción de los derechos humanos constituye un mecanismo de protección y no otra cosa.
(*) Director de Desarrollo de las Capacidades Institucionales.