
En América Latina predomina el modelo mixto de financiamiento político estatal combinado con algún porcentaje de financiamiento privado.
Magistrado Suplente del TSE (desde 2019), Director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (desde 2010), Funcionario electoral (desde 1993).
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca (2016), Máster en Estudios Latinoamericanos con Énfasis en Política por el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (2007), Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca (2007) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica (1995).
Autor del libro “Reforma Electoral: Actores, Procedimiento y Discurso” (2018) y de más de treinta y cinco trabajos académicos sobre Estado de Derecho, democracia y elecciones en publicaciones especializadas de Costa Rica, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú y Bolivia. Desde 2007 hasta la fecha es coordinador del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral.
Queremos saber cuál fue el motivo que los llevó a ustedes a estudiar esta temática.
Trabajo en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica desde 1993. Hice carrera electoral desde el puesto más básico de oficinista. El Tribunal Supremo de Elecciones, cabe decir, concentra las cuatro funciones electorales básicas: 1) el registro electoral y registro civil; 2) la administración electoral; 3) es órgano de justicia electoral, y; 4) es organismo encargado de la capacitación electoral y formación en democracia. He laborado en las cuatro áreas: empecé en registro civil, de allí pasé a administración electoral, en los últimos años he sido magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, con tareas propiamente jurisdiccionales. Asimismo, desde hace 15 años soy director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que no es otra cosa que el Tribunal Supremo de Elecciones en su función pedagógica y de investigación. Académicamente, soy abogado por la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría y un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, España. De manera que llevo tres décadas de estar investigando, escribiendo, indagando sobre el fenómeno electoral en Costa Rica y en Iberoamérica. Desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, como desde la función propiamente jurisdiccional, interactuamos con los organismos electorales de la región, a la vez que sigo muy conectado a redes de observación electoral y de seguimiento de la democracia electoral en la región. De ahí me interesa el tema.
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¿Puede describir cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y el respeto hacia los derechos humanos?
Si bien la democracia es mucho más que elecciones, no hay democracia sin elecciones. Las elecciones son un elemento sine qua non, indispensable, un mínimo para hablar de democracia con cualquiera de sus apellidos o con cualquiera de sus denominaciones. La democracia electoral es la base. Una base necesaria para seguir hablando de democracia y de las implicaciones de la democracia en el mundo real. La transparencia electoral es requisito para la existencia de la democracia. Ahora, ¿por qué transparencia electoral? Porque cuando se realizan comicios en contextos donde no hay un Estado de derecho que respete la independencia de poderes, la independencia mismo del organismo electoral y la calidad técnica del organismo electoral, entonces, esas elecciones se convierten simplemente en una mampara. Las elecciones tienen que estar protegidas por todas las garantías del Estado de derecho para alcanzar niveles importantes de calidad, y por ende de transparencia. El rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos es fundamental. Sin elecciones transparentes, verificables, creíbles, no hay manera de que se sostenga una democracia.
¿Cuál es su punto de vista acerca de la morfología deseable del organismo electoral en orden de consolidación de la transparencia en los comicios en la región Latinoamérica?
Hay muchos modelos sobre cómo pueden funcionar los organismos electorales. En América Latina tenemos algunos de los modelos más interesantes. El modelo argentino o el chileno, mantienen rasgos del modelo europeo de organización electoral donde hay participación del Poder Ejecutivo en la administración electoral. Hay modelos en el otro extremo, concentrados de administración electoral, como es el modelo uruguayo, el panameño o el costarricense, donde un mismo organismo electoral concentra la registración electoral, la administración electoral y la justicia electoral. En medio hay otras modalidades, como el caso peruano, el colombiano, entre otros, donde un organismo electoral se encarga de la registración, otro de la administración electoral y otro de la justicia electoral.
Ahora, ¿qué se requiere para que los comicios sean realmente transparentes? No importa tanto el modelo, sino la efectiva independencia del organismo electoral. Si el organismo electoral es manipulado, influido, o determinado desde el ámbito meramente político partidista, no hay manera de que las elecciones alcancen estándares altos de calidad. Independencia es el concepto clave. Podemos analizar desde el punto de vista teórico la relación entre independencia y autonomía, pero voy a utilizar el concepto de independencia en el término más general, más básico. Recalco tres aspectos en que (desde la Tercera Ola de la democratización en adelante) los organismos más independientes y, por ende, más exitosos en producir elecciones creíbles, fiables y de calidad, son los que han respondido a un diseño institucional donde hay un cuidado especial en tres aspectos. 1) Primero, el nombramiento de los jerarcas electorales. ¿Quién nombra a los miembros de los organismos electorales? ¿Cuáles son los requisitos y los procedimientos? ¿Cuáles son las reglas para su reelección, su estabilidad? Si el nombramiento y ejercicio del cargo es sumamente politizado, va a haber problemas. 2) Segundo aspecto: la estabilidad. Esto es clave, realmente los organismos electorales más estables de América Latina son también los que producen mejores elecciones. Cito los casos del Uruguay y de Chile, en América del Sur, y de Panamá y Costa Rica en Centroamérica. Todos estos organismos se caracterizan por contar con funcionarios electorales estables, lo cual redunda en la efectiva independencia a la hora de tomar decisiones. 3) En tercer lugar, la profesionalización de la función electoral. Cuanto más profesionalizado el organismo electoral, será más técnico. El aprendizaje de lo electoral es complejo y lento. Los organismos electorales que promueven la profesionalización aprovechan la experticia que solo se obtiene con los años. Ello puede incidir en que las decisiones se tomen a partir de criterios técnicos y no a partir de presiones o de modas. La experiencia se obtiene con la organización de varias comicios, cuando se van conociendo y poniendo en práctica la normativa constitucional, legal, reglamentaria y estatutaria, así como los criterios de calidad básicos para la gobernanza de las elecciones.
En fin, el concepto básico es independencia. Y si lo empezamos a desglosar, hay por lo menos tres elementos, nombramiento, profesionalización, y estabilidad de los organismos electorales, que hay que tomar en cuenta. Las instituciones importan, pero los actores, o sea, los funcionarios públicos que agencian esas instituciones, también importan.
¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana canalizada por organizaciones de la sociedad civil como mecanismo de control en pos de la transparencia de los comicios en la región?
En la región hay una experiencia muy positiva, particularmente en Colombia. La MOE de Colombia es un paradigma a nivel internacional. Creo que es uno de los casos más profesionales y serios de organizaciones de la sociedad civil ejerciendo funciones de control.
Lamentablemente, también hay experiencias fallidas. Algunas organizaciones de la sociedad civil que presumen de imparcialidad, en realidad son instrumentalizadas por intereses ideológicos locales o transnacionales. En otros casos, la observación de elecciones se ha convertido en un negocio para agencias de turismo; ese problema no es exclusivamente latinoamericano. En varias democracias del mundo anglosajón, por ejemplo, han aparecido agencias turísticas que ofrecen paquetes para ir observar elecciones y que, inclusive, ofrecen dentro de ese paquete entrevistas con candidatos y personalidades políticas, al hacerse pasar por organizaciones serias de observación electoral.
Pero volvamos a los buenos ejemplos. Así como la MOE, hay muchas otras iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que se concretan en mecanismos de control, técnicos, creíbles e independientes. Considero sumamente positivo el trabajo de la MOE y de muchas otras organizaciones similares. Pero mi visión no es ingenua; no creo que con decir “sociedad civil observando elecciones”, ande todo bien. Creo que existen riesgos para la observación electoral desde la mercantilización, así como desde la politización de algunas organizaciones de sociedad civil que responden a intereses espurios y no a favorecer el control y la credibilidad de los comicios desde coordenadas éticas y técnicas. De nuevo, creo que es importante que estas organizaciones de la sociedad civil se muevan independientemente, operen con independencia y se ocupen de atender la calidad técnica de las elecciones.
En cuanto al rol de las veedurías internacionales, ¿Cuál es el balance al respecto que usted puede realizar acerca del mismo?
Las misiones de observación electoral como las de UNIORE, o las de los protocolos de Tikal y de Quito, han demostrado su valor durante décadas. Generan insumos para los organismos electorales a fin de mejorar sus prácticas y su legislación, a partir de la experiencia de otros organismos electorales.
Por su parte, las misiones de la OEA, que fueron las primeras a nivel mundial, aportan adicionalmente un análisis un tanto más político, es decir, más allá de lo estrictamente referido a la gestión electoral, a partir de grupos de expertos de diferentes ámbitos.
Con el tiempo, han surgido misiones de observación especializadas. Por ejemplo, enfocadas en las tecnologías de votación y procesamiento de resultados electorales. Los organismos electorales de la región comparten conocimiento y experiencias; la cooperación horizontal se nutre en buena medida de estas misiones de observación.
¿Cuál es su balance desde una perspectiva de derechos humanos acerca de la introducción de cuotas o cupos de género en las normativas electorales en la región para cargos públicos electivos?
En los últimos cincuenta años, América Latina ha dado pasos significativos para hacer efectivo el derecho al sufragio activo, que es el derecho a elegir, pero también el derecho al sufragio pasivo, el derecho de la ciudadanía a ser electa. En Costa Rica estamos celebrando 75 años del voto de las mujeres en el país. Antes, las mujeres no tenían derecho al voto en Costa Rica, ni eran ciudadanas de pleno derecho. Eso se logró con la Constitución Política de 1949.
Sin embargo, aunque se reconoció el derecho a elegir, el derecho a ser electas siguió siendo una utopía o algo que se daba en niveles muy bajos. En las primeras elecciones celebradas en el marco de la Constitución Política de 1949, las mujeres obtuvieron solamente tres escaños en la Asamblea Legislativa. Esa tendencia se mantuvo en las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980. Tan solo tres, cuatro o cinco mujeres diputadas de un total de, primero de cuarenta y cinco, luego de cincuenta y siete escaños. En la década de 1990 se empiezan a introducir en Costa Rica, como en América Latina, las cuotas de género y, más tarde, el principio de paridad. Con ello se ha pretendido incrementar la participación política de las mujeres y su efectivo acceso a cargos públicos. Mi valoración desde el punto de vista de los derechos humanos es que las cuotas de género y el principio de paridad han sido fundamentales para el avance de la participación política de las mujeres en nuestras sociedades.
Dicho esto, es evidente que todas estas normas sobre cuotas de género y paridad interactúan con el sistema electoral. De ahí que los resultados de la paridad son tan diferentes en países como Ecuador y Costa Rica. Es necesario que sigamos avanzando. Este no es un problema de las mujeres, en realidad es un tema de derechos humanos; en la medida en que haya mayor participación política efectiva de las mujeres en nuestras sociedades, los estándares de calidad de la democracia se incrementan, porque logramos incluir a un sector de la población que ha estado históricamente marginado en cuanto a su derecho al sufragio pasivo, a su derecho a ser electas.
En cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de las actividades institucionales permanentes de los partidos políticos ¿Cuál es, según su punto de vista, el más adecuado en vista de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región?
En América Latina predomina el modelo mixto de financiamiento político estatal combinado con algún porcentaje de financiamiento privado. El financiamiento político debería propiciar la actividad permanente de los partidos políticos y un mínimo de igualdad en la contienda. En sus orígenes, el financiamiento estatal propendía a que los partidos no fueran simples máquinas electorales, que aparecieran en las elecciones para después diluirse. Creo que, normativamente, deberíamos seguir aspirando a que los partidos políticos tengan una mayor participación en la vida democrática en cuanto a educación y formación para la vida en democracia.
Entre esa noción de deber ser y la práctica hay una brecha importante por los cambios impresionantes que han experimentado los modelos de partidos políticos en la región en los últimos años. Pero creo que debemos seguir aspirando a que el financiamiento político se traduzca en estabilidad de los sistemas de partidos. En la medida en que los partidos reciban dinero, se les debe exigir el uso adecuado de esos fondos y que parte de esos dineros vayan a la capacitación política, a la formación en democracia, a la formación política de los jóvenes, a la formación política de las mujeres y a robustecer el compromiso ciudadano con los valores democráticos.
La tendencia de la reforma electoral en América Latina durante los últimos veinticinco años se podría resumir en tres conceptos. Uno es austeridad: el financiamiento estatal a la política tiende a ser cada vez más austero. Creo que eso no está mal, en cierta medida. En segundo lugar, el financiamiento estatal debe ser más equitativo: la reforma electoral en América Latina ha ido beneficiando modelos de franjas electorales o de distribución equitativa de un mínimo fondos necesarios para visibilizar las diferentes alternativas políticas. En tercer lugar, el financiamiento estatal debe ser oportuno: si queremos que los partidos políticos tengan vida fuera de elecciones deben tener dinero para realizar sus actividades formativas, de capacitación, de investigación. Deben tener recursos fuera del periodo electoral y, cuando vienen las elecciones, deben tener fondos en el momento en que necesitan hacer el gasto.