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Entrevista a Lourdes Lodi

Lourdes Lodi

La transparencia es una categoría que también puede ser un tanto volátil, pero es, sin duda, un valor esencial y transversal del sistema democrático.

Licenciada y Doctora en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario). Tesis Doctoral “La Política de la Reforma Electoral en Santa Fe”.
Master in Democracy, Politics & Governance. Merit Award (University of London, Reino Unido).
Es Directora del Observatorio Político Electoral (OPE) de la Universidad Nacional de Rosario, donde también dicta las materias Teoría Política y Derecho Constitucional. Es docente de grado en la Universidad Católica y de los posgrados en Derecho Electoral de la UNR y de la Universidad Austral.
Consultora en asuntos electorales-institucionales y especialista en procesos de ingeniería institucional. Ha trabajado en la redacción, implementación y evaluación de la Ley de Boleta única de la provincia de Santa Fe desde el año 2010, incluyendo su instrumentación simultánea con el sistema nacional en 2013, 2017 y 2021. También ha sido contratada como consultora en el proceso de diseño, reglamentación e implementación de la Boleta única de papel en la ciudad de San Luis para los comicios locales de 2019. Entre las tareas realizadas se destacan la redacción de manuales y material pedagógico, capacitaciones presenciales a Autoridades de Mesa, periodistas, fiscales y referentes partidarios, la elaboración de contenido para campaña audiovisual legitimando e informando sobre la nueva modalidad de votación, el diseño y análisis de encuestas a autoridades de mesa y ciudadanos, y las evaluaciones sobre naturaleza del voto nulo.
Participó de las evaluaciones a las pruebas piloto de incorporación de tecnología para la confección de documentos (tablet e impresora) y escaneo y transmisión de telegramas (celulares) instrumentadas por el Gobierno de Santa Fe en 2017 y 2019.
Además del caso santafesino, ha asesorado otras jurisdicciones en torno a proyectos de reforma político-electoral y constitucional, incluida la redacción de un proyecto de reforma del Código Nacional Electoral para la adopción de la Boleta única de papel a nivel nacional.
Es coautora del libro “Boleta única. Estudio comparado de los casos de Córdoba y Santa Fe” (2013)
Es Consultora permanente para medios audiovisuales locales y regionales sobre cuestiones políticas y electorales, y ha publicado numerosos artículos académicos y periodísticos sobre sus temas de incumbencia.

A continuación, se presenta la entrevista realizada el 12 de julio de 2024 a Lourdes Lodi en el marco del proyecto “Transparencia Electoral y Derechos Humanos”, llevado a cabo por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Este proyecto, iniciado en marzo de 2024, busca promover la participación democrática y fortalecer los principios de transparencia electoral a través del análisis y difusión de experiencias y visiones de referentes clave en la materia. Lourdes Lodi, con su vasta trayectoria en la temática electoral, comparte en esta entrevista su perspectiva sobre los desafíos y avances en la implementación de mecanismos que garanticen procesos electorales justos y equitativos.

En primer lugar, queremos saber cuál es el motivo que la llevó a estudiar esta temática.
Soy graduada en Ciencia Política, realicé mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral sobre la política de la reforma electoral en Santa Fe, más precisamente, sobre los procesos y causas que llevaron a la instauración y derogación de la Ley de Lemas en la provincia. El interés por estos temas viene de distintas experiencias de investigación y trabajo, pero fue potenciado por el paso, aún como estudiante universitaria, en el proyecto Reformas Políticas Provinciales del CIPPEC desde el año 2003 al 2005. Como parte de un equipo liderado desde Buenos Aires, mi tarea fue seguir y promover el proceso de reforma electoral, convocando organizaciones de la sociedad civil, reuniéndonos con legisladores, con partidos políticos, miembros del gobierno, con empresarios, periodistas, generando acuerdos y redactando documentos para el debate con aportes de especialistas de la academia de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.
Como ustedes saben, la Ley de Lemas generaba –y genera donde sigue vigente- resultados, a mi entender, contrarios al espíritu de la democracia. Con este sistema el candidato más votado no era quien finalmente resultaba electo como gobernador en la provincia, habiendo tenido impacto esto en la falta de alternancia en el sello político en el gobierno desde el retorno de la democracia hasta el momento en que, finalmente, se derogó el sistema de doble voto y el nuevo sistema de primarias abiertas (ahora sin lemas y ni acumulación) habilitó en 2007 la llegada de Hermes Binner al gobierno de Santa Fe.
En ese momento yo estaba terminando una maestría en el Reino Unido y volví para sumarme a los equipos técnicos del entonces diputado provincial -hoy intendente de Rosario- Pablo Javkin. Como asesora legislativa tuve la posibilidad de trabajar en el proyecto de ley de Boleta Única de Papel y unificación del padrón electoral aprobado en 2010 y utilizado por primera vez en los comicios de 2011. Fue entonces que empecé a interiorizarme más aún con la cocina del proceso electoral. Convocada por el gobierno provincial, trabajé en sucesivas implementaciones y evaluaciones comparadas de la boleta única.
A partir de eso surgió en 2019 la oportunidad de trabajar en el diseño y la implementación de boleta única de papel en la ciudad de San Luis. Se había aprobado la ordenanza municipal y era necesario reestructurar el proceso electoral con el nuevo instrumento, articulando posiciones de distintos actores, y debiendo, los días previos al comicio, capacitar junto a un equipo de colegas del OPE-UNR a la totalidad de las autoridades de mesa de la ciudad. De hecho, el Observatorio Político Electoral es un elemento clave en mi relación con los temas por los ustedes hoy me convocan. Formo parte de este espacio institucionalizado dentro de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario desde hace veinte años. Un espacio que se inició con un objetivo originario de investigación y hoy cumple un rol como una organización de la sociedad civil desde donde no solo realizamos observaciones electorales, también seguimos agendas de reforma, legislativas y político partidarias sobre distintas temáticas.
Lo que nos motiva desde el OPE excede las investigaciones que se realizan con rigurosidad metodológica y mucho compromiso de parte de un gran equipo. Buscamos generar insumos y realizar recomendaciones para la toma de decisiones, para colaborar en procesos de mejora en lo que tiene que ver con calidad democrática, transparencia, consolidación de los partidos políticos, ciudadanía informada. Precisamente, es desde este lugar y desde la experiencia del seguimiento de doce elecciones con boleta única en Santa Fe, que hoy estamos aportando a los debates sobre boleta única a nivel nacional y en provincias como Corrientes, Entre Ríos, Salta y Chubut.

¿Puede describir cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos?
Bien, ahí estamos trabajando con 3 conceptos fuertes: uno, transparencia; otro, democracia; y otro, derechos humanos. Quizás habría que cambiarles el orden y pensar primero qué entendemos por democracia. Convengamos que a esa respuesta no es lo mismo analizarla desde una mirada de una democracia meramente procedimentalista o minimalista, entendida como elecciones justas, libres, con competencia, acceso a la información, que si pensamos en la categoría de una democracia más sustantiva, donde los derechos humanos suponen precondiciones previas para que esa elección tenga esas características, que tiene que ver con niveles de educación, de acceso a la vivienda, de formación, de alimentación, de condiciones sociales. Digamos, la categoría de derechos humanos excede lo que son los derechos políticos y tiene que ver con derechos de primera generación; hoy la democracia se nutre y sustenta en varias cosas. Pensemos en el derecho de asociación, de libre expresión, de acceso a la información pública, de equidad en la competencia ligada al acceso de los medios de comunicación.
La transparencia es una categoría que también puede ser un tanto volátil, pero es, sin duda, un valor esencial y transversal del sistema democrático. Podríamos circunscribirla a la jornada electoral: decir, bueno, que los pasos estén dados de modo abierto, respetando los procedimientos, donde uno acceda sabiendo a dónde vota, cuáles son los candidatos, que las autoridades de mesa cumplan con sus funciones correctamente… en que sea transparente el proceso de llenado de documentación, la transmisión de resultados, del recuento de votos. Pero sabemos que la transparencia es mucho más que eso. La transparencia tiene que ver, nuevamente, con condiciones anteriores y posteriores a la elección. Tiene que ver con cómo se registran las candidaturas y se financian los partidos, cómo están confeccionados los padrones electorales, qué incidencia tiene el gobierno en los comicios, qué rol juegan las fuerzas de seguridad, cómo se dieron las licitaciones de materiales, cómo se decide un calendario electoral… la transparencia hay que mirarla desde los múltiples actores y niveles del proceso electoral, el nacional, provincial, local…
Entonces, la transparencia para mí tiene que ver con entender al proceso electoral como un proceso denso, que es sustento del sistema democrático. Porque si bien podemos promover otras instancias de participación ciudadana, sin elecciones libres, justas, iguales y transparentes no podemos hablar de democracia. Hay que pensar la transparencia desde la mirada del ciudadano. No solo la transparencia desde las formalidades procedimientales sino analizando qué tan accesible y auditable es el proceso electoral a la ciudadanía, al votante en particular y la sociedad civil en general. En síntesis, debe haber una dinámica de retroalimentación entre derechos humanos, transparencia y democracia, lo cual supone garantía del ejercicio de esos derechos en un marco de confianza sobre las reglas de juego que son las que dan lugar a gobiernos legítimos.

¿Cuál es su punto de vista acerca de la morfología deseable del organismo electoral, en orden de consolidación de la transparencia en los comicios en la región?
Existen diversos formatos de los organismos electorales, el esquema es heterogéneo no solo si miramos las provincias argentinas y la naturaleza federal de los regímenes electorales, sino también cuando atendemos a la región; a nivel América Latina, tampoco tenemos homogeneidad en las formas en las que se administran y gestionan los procesos electorales. ¿Cuál sería el ideal? Y me refiero al ideal en la práctica, y no sólo en su diseño jurídico-institucional. Lo ideal sería contar con organismos autónomos, independientes del poder de turno, profesionalizados, con ingreso por concurso, con participación de la sociedad civil. Podemos pensar en formatos similares al del Consejo de la Magistratura, donde también hubiese representación de los colegios profesionales, de las universidades, o al menos alguna instancia o mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estos temas.
Tomemos el caso santafesino: el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe tiene una composición híbrida: por un lado, está conformado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un camarista penal y un camarista civil de Rosario/Santa Fe, por otro, cuenta con un Secretario Electoral designado por el Poder Ejecutivo y cuya continuidad depende de él. ¿Qué significa esto? Primero, que no son actores especializados en el tema con competencia y atención permanente en cuestiones que hagan a la gobernanza electoral. Segundo, que existe una dependencia de quien gestiona las elecciones del gobierno, es decir, no hay garantía de imparcialidad o auditabilidad frente al oficialismo. Tercero, que no están claramente delimitadas las atribuciones de los distintos actores. De hecho, gran parte del proceso electoral recae en el propio Poder Ejecutivo y sus ministerios.
Creo que los organismos electorales deben tener autonomía institucional, funcional y financiera. La configuración interna puede variar en lo que hace a la delimitación de competencias administrativas, judiciales, pedagógicas, tecnológicas o de comunicación, lo que no puede negociarse es su independencia del gobierno y de los partidos políticos, como tampoco su transparencia. Para que los procesos electorales gocen de integridad, los organismos electorales deben ser transparentes y confiables: esto implica acceso a la información pública, rendición de cuentas, idoneidad y ética de sus integrantes, concursos públicos y estabilidad en los cargos.
Como decía, una cuestión que me parece muy importante, es que el organismo de gestión electoral tenga bajo su responsabilidad llevar adelante tareas de pedagogía electoral. Desde la capacitación de autoridades de mesa, de periodistas y fiscales, talleres para jóvenes que votan por primera vez, diseño de manuales y de contenidos para redes que permitan que electores y autoridades lleguen a la jornada electoral con conocimiento de los pasos a seguir. Muchos de los problemas que afloran en los comicios, como el aumento de votos anulados o errores en la confección de documentos con resultados (que suelen ser malinterpretados como bronca o fraude), responden a deficiencias en la formación de autoridades de mesa y electores.

¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana -canalizada por organizaciones de la sociedad civil- como mecanismo de control en pos de la transparencia de los comicios en la región?
Afortunadamente tenemos distintos tipos de organizaciones comprometidas y preocupadas por la transparencia y normal desarrollo de las elecciones, tanto en el país como en la región. Las formas y metodologías son múltiples, como también el alcance, sistematicidad y rigurosidad de su trabajo. Hay organizaciones de la sociedad civil que, en tiempos no electorales, cumplen otras funciones y atienden a temas que pueden tener poco que ver con los comicios o partidos políticos, pero que les interesa ser parte de la jornada democrática, aportando, a veces, una presencia más simbólica que técnica. Hoy la institucionalización de la figura del “acompañamiento cívico” en Argentina ha abierto las puertas a que fundaciones, asociaciones, think tanks, se sumen a la labor de monitoreo electoral, y creo que esto es muy valioso, es un actor más del comicio cuya mirada y presencia importa y aporta a la transparencia.
Por otro lado, están, estamos, los observatorios electorales. Además del OPE-UNR del que formo parte desde 2003 conozco otros observatorios, la mayoría de ellos anclados en ámbitos universitarios, que realizan un trabajo persistente y profesionalizado de seguimiento, análisis y evaluación de elecciones. En nuestro caso trabajamos con un protocolo de observación que cuenta con más de doscientas preguntas y ejes que contemplan variables como materiales, conformación de las mesas, actitudes de los distintos actores, niveles de capacitación, seguridad, voto joven, distribución sexual de las tareas, accesibilidad, labor de los fiscales, entre otros. Hemos ido refinando el instrumento de recolección de información, también la muestra –que es cada vez más amplia gracias al equipo de estudiantes e investigadores que crece- y además introdujimos tecnología: hoy los formularios online y la comunicación minuto a minuto con cada local y observador vía grupo de whatsapp nos permite recopilar y sistematizar información agregada desde que se abren las escuelas hasta que el correo carga y se lleva la última urna y telegrama.
Más allá del aumento y profesionalización de la tarea de moniteo de elecciones desde la sociedad civil, me parece importante también analizar el tema del lado de los auditados, o bien, de quienes se encargan de autorizar las misiones y actividades de observación. Conozco casos donde se ponen limitaciones a qué escuelas observar, que se restringen organizaciones, que se impide la presencia de observadores durante el escrutinio de mesa o la transmisión de telegramas. Para dar cuenta de la integridad del proceso es necesario poder acceder a todas sus etapas, habilitando la trazabilidad del voto desde que las boletas (únicas o partidarias) llegan al local de votación, hasta que los agentes del correo retiran las urnas y documentos. Esto es lo que hacemos con el equipo del OPE en Santa Fe donde, por suerte, no hemos tenido mayormente problemas para participar como observadores. De hecho, los informes producidos luego de cada elección, compartidos y hechos públicos en los distintos medios de comunicación de la provincia, son siempre bien recibidos y valorados. Un ejemplo de ellos fue la elección primaria del año 2015, donde hubo muchos inconvenientes y denuncias, llegando incluso a ser noticia nacional la idea de fraude electoral, ya que había telegramas de mesa que figuraban con valores a cero. Y cuando eso se masivizó y se puso en duda la legitimidad de los resultados, nosotros, desde el Observatorio, salimos a decir que aquel problema no tuvo que ver con malas intenciones o con voluntad de fraude de una fuerza política, -porque, de hecho, los documentos alterados afectaban a una fuerza política como a otra- sino que tal situación se había generado en deficiencias en la convocatoria y capacitación a autoridades de mesa.
¿Por qué estaban mal llenados los documentos? Porque el recuento había sido largo, porque las autoridades de mesa no estaban todas capacitadas. Tanto gobierno como autoridades electorales pudieron recurrir al informe de observación para desterrar y negar la idea de fraude. Dicho informe no solo daba cuenta de lo que había sucedido, también aportaba recomendaciones para mejorar lo que había salido mal en lo material y lo operativo. A partir de ello se mejoró la convocatoria y capacitaciones a autoridades, se incorporó la figura del asistente de escrutinio, incluso, se comenzó a diseñar un sistema estrenado en 2017 para la carga e impresión de resultados a través de una tablet (en vez del puño y letra) y el escaneo y transmisión de telegramas a través de celulares (en remplazo del tradicional, y ya obsoleto, uso del fax).
Como siempre decimos: no hacemos nuestro trabajo para señalar con el dedo a nadie, ni para criticar, el fin no es de denuncia, es una evaluación que busca introducir mejoras y aportar a la transparencia. Todos nuestros informes terminan con recomendaciones en vistas a futuros procesos electorales. Hay cosas que se pueden resolver entre primaria y general, y hay cosas que se resolverán de una elección a la próxima dentro de dos años. Pero bueno, en líneas generales, me parece que los observatorios y las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante, no solo en la jornada electoral si no en todas las tareas de sistematización de información, de entrevistas a candidatos, de difusión en sus medios o redes, de qué se vota, cómo se vota, quiénes pueden votar, cuál es la oferta electoral. Hemos salido a hacer capacitaciones sobre voto joven a escuelas, a barrios, para chicos que votaban por primera vez de 16, 17 años. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones vinculadas a la academia nos encargamos en gran medida de esta tarea porque creemos que, sin duda, es un aporte valioso a la democracia que el ciudadano llegue con información sobre el qué, el cómo y la importancia de ir a votar.

Y en esta línea, una pequeña pregunta: en cuanto al rol de las veedurías internacionales, ¿cuál es el balance al respecto que puede realizar acerca del mismo?
Creo que el aporte de las misiones de observación internacional tiene todo lo positivo que ya enumeré anteriormente, con el agregado del saber técnico formado a partir de la experiencia comparada. La mirada de afuera siempre suma, porque puede poner el foco en ejes y problemas que desde adentro no vemos o identificamos, además de proponer soluciones innovadoras, exitosas o eficientes en otras latitudes. El otro plus es que, en contextos críticos, las veedurías internacionales agregan un componente de arbitraje, sobre todo cuando son llevadas a cabo por organismos como la OEA o la Unión Europea, o redes de organizaciones que tienen sede en múltiples países. Ese rol de observador externo obliga a cuidar prácticas y formas, porque lo que suceda en los comicios trascenderá el plano local o nacional. Los informes de observación internacional son, generalmente, de acceso público y esto permite amplificar su alcance e impacto. Con ellos una elección nacional puede volverse objeto de la agenda pública o mediática global. Al igual que comenté para los casos locales, también aquí vale atender al espacio que gobierno u organismos electorales dan a esas veedurías ya que, como sabemos, en contextos de crisis políticas o elecciones que ponen en jaque a los oficialismos las misiones externas no son tan bienvenidas, o, mejor dicho, son a veces boicoteadas o denegadas. Obviamente, esto también habla de la calidad de la democracia y la transparencia del país en cuestión.

¿Cuál es su balance desde una perspectiva de derechos humanos acerca de la introducción de cuotas o cupos de género en las normativas electorales en la región para cargos públicos selectivos?
En Argentina tenemos leyes de cupo desde la década del 90, somos un país pionero, no solo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial en avanzar en este sentido hasta alcanzar las más recientes leyes de paridad. Confieso que hace años, siendo estudiante, el cupo de género per se me parecía injusto; entendía que debía haber otros factores y variables, ligados a capacidad y a idoneidad, tal como reza nuestra Constitución Nacional, para el acceso a cargos públicos electivos. Tenía sentimientos encontrados sobre ese tercio por el que tanto se luchó, que aparecía como un derecho conquistado, pero, al mismo tiempo, imponía un techo normativo y práctico al avance de las mujeres en la arena legislativa y de gobierno. La sensación era que teníamos que pedir permiso y dar las gracias por el favor, y con veinte años era algo que me molestaba. Luego, por suerte, el foco dejó de estar en la ley de cupo para pasar a estar en la realidad política que este cupo femenino comenzaba a transformar. La reconfiguración de las legislaturas y el Congreso, la llegada de mujeres a cargos ejecutivos como la presidencia y gobiernos provinciales, pero, sobre todo, el impacto que la incorporación de las mujeres en esos espacios tuvo en términos de agenda. Muchos de los hitos actuales en términos de derechos humanos se consiguieron gracias a la presencia y voz de las mujeres en política. Ya no estamos limitadas a temáticas como la educación, las infancias o las políticas sociales, hoy los liderazgos femeninos son transversales a todas las áreas de gobierno, a los distintos niveles de gestión, aún con los obstáculos que suponen las tareas de cuidado que siguen recayendo sobre la mujer. El diálogo, las miradas diversas, y la dialéctica a la que obliga la convivencia de hombres y mujeres enriquece las políticas públicas y la calidad legislativa.
Sumado a esto, resulta interesante y atractivo ver cómo, en muchos concejos y legislaturas provinciales, las mujeres funcionan como bloques uniformes para promover banderas y defender causas ligadas a derechos humanos. Esto lo hemos analizado desde los equipos de investigación: hay temas donde no importa la afinidad o pertenencia partidaria, si son de izquierda o de derecha, las legisladoras se unen para destrabar y dar visibilidad a cuestiones que difícilmente se hubiesen enarbolado en parlamentos masculinos, como los que tuvimos durante décadas.
Así que creo que la cuestión de la paridad o del cupo, que pudo plantearse en algún momento como normas transitorias, hoy son parte de un cambio en la cultura política que no tiene vuelta atrás, y que sí, es cierto, debe aún ser fortalecido en muchos espacios subnacionales donde siguen imperando lógicas patriarcales y excluyentes. De hecho, el desafío será comenzar a pensar ahora en ampliar la mirada. Hay países donde existen cupos como el cupo joven, cupo para personas con discapacidad, cupo para grupos étnicos o pueblos originarios, cupo para el colectivo LGBTQ+. La clave está en promover la convivencia en la diversidad y que los marcos institucionales sean efectivamente inclusivos.

Ahora la quinta pregunta se refiere en cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de las actividades institucionales permanentes de los partidos políticos. ¿Cuál es, según su punto de vista, el más adecuado, en vista de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región?
Creo que el más adecuado es el sistema mixto que rige en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, el sistema que habilita tanto los aportes desde el Estado como del ámbito privado. Esto permite un equilibrio: por un lado, volver a la naturaleza originaria de los partidos políticos, vinculándolos con sus bases, con la ciudadanía que apoya y acompaña cada fuerza; por el otro, reconociendo que son actores fundamentales del sistema democrático y, por ello, su funcionamiento y competencia debe ser garantizado por el Estado. Aquí el gran dilema está en encontrar ese equilibrio entre aportes públicos y privados, evitando tanto la cancha inclinada a favor de los oficialismos como el peso que puedan tener grandes grupos económicos, empresas o –incluso- actividades ilícitas como el narcotráfico en el financiamiento de la política.
Otro gran problema es la distancia entre la norma y la práctica. En Argentina hemos tenido avances en lo que respecta a las leyes de financiamiento partidario: ya no se pueden hacer donaciones anónimas ni en efectivo, tampoco se pueden recibir aportes de campañas de personas jurídicas, se prohibió la contratación de espacios en los medios de comunicación masiva para propaganda pasando a un esquema de contratación y distribución pública de los espacios mediáticos. Sin embargo, sabemos que, operativamente, y dada la debilidad de los organismos y mecanismos de control, existen prácticas informales e ilegales que hacen que el dinero de la política siga circulando por carriles no auditables. Sabemos que el pago de pauta en espacios mediáticos no se reduce a la publicidad cedida por los organismos electorales, también que existe hoy un mundo no-regulado y difícil de regular que es el de las redes sociales e internet.
En síntesis, el modelo de financiamiento partidario más adecuado para fortalecer la institucionalidad democrática en la región es aquel que combine aportes públicos y privados, pero que tenga como contraparte organismos electorales independientes capaces de controlar, auditar, exigir rendición de cuentas y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la ley. Es necesario avanzar hacia sistemas más equitativo, eficiente y transparentes donde cualquier ciudadano, periodista, e incluso candidato, pueda acceder a la información online sobre los aportes recibidos por las distintas fuerzas y cuál es su destino. Mayor transparencia genera mayor confianza cívica en los procesos electorales, y esto redunda en una mejor calidad democrática.

La última pregunta, conociendo tu especialidad y lo que has desarrollado en la temática boleta única en nuestro país. Estimo (estimamos) que hay dos modelos muy exitosos de boleta única: el de Santa Fe y el de Córdoba. Me interesaba (Nos interesaba) escuchar tu impresión sobre las diferencias que tienen nuestros dos modelos, sobre sobre si el de Córdoba guarda más espacio a la identidad partidaria y el de Santa fe garantiza un grado de libertad aún mayor al elector. Simplificando, por supuesto.
Creo que ambos diseños de boleta única dan libertad al elector para elegir autónomamente entre categorías electorales. Ahora, mientras el diseño santafesino lo obliga a pensar y resolver aisladamente la lista o candidato de preferencia para cada cargo electivo, el modelo de Córdoba le da una alternativa más al votante: la de optar por la lista completa. Este formato tiene cierta continuidad o semblanza con el sistema de boleta partidaria que usamos a nivel nacional, donde la llamada “boleta sábana horizontal” promueve el voto partidario de lista completa en tanto no hay incentivos en el instrumento para el corte de boleta: la boleta no está troquelada, tampoco se suele ofrecer ni tijera ni reglas para que el ciudadano corte boleta, evitando así que disperse el voto entre distintas fuerzas políticas. En este sentido, sí podemos decir que en el modelo cordobés hay una referencia más clara a los partidos o coaliciones electorales, mientras que en el modelo de Santa Fe se desdibuja o reduce el peso del partido o sello político a los ojos del elector.
Esta creo que es la principal crítica que se le ha hecho al diseño vigente desde 2010 en Santa Fe, sumada a otro efecto propio del voto en boletas únicas por categoría: el de afectar la gobernabilidad ya que da lugar a que el Poder Ejecutivo no cuente siempre con una legislatura que lo acompañe. Lo que muchos ven como problema, visto del lado del elector, puede ser entendido como una ventaja: cada votante piensa libremente a quién quiere elegir en cada nivel de gobierno, promoviendo control entre poderes. Esto ha tenido como efecto una mejora en la calidad de las campañas ya que la ausencia de tracción hace que cada candidato a concejal compita en igualdad de condiciones con otros candidatos a concejales, tenga o no tenga candidato a gobernador, sea una fuerza vecinal o sea un partido nacional.
Como contraparte, el diseño del modelo cordobés que es ventajoso en lo que al fortalecimiento partidario respecta, tiene, a mi entender dos problemas: por un lado, puede fomentar mayores niveles de voto nulo si no viene acompañado de una potente campaña pedagógica sobre cómo votar. Esto se debe a que, si alguien marca el voto de lista completa y luego realiza una marca en otra lista para un cargo menor, anula el voto en dicha categoría. Por otro, el diseño cordobés tiene la particularidad de estar pensado para una provincia que no cuenta con sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias; es decir, es un modelo compatible con un sistema de partidos y una oferta electoral más acotada y coherente. En Santa Fe, nuestra configuración del sistema de partido y la vigencia de las PASO hace imposible condensar en una única boleta toda la oferta electoral de una primaria para todas las categorías.
Hoy se está discutiendo la adopción de la boleta única en varias provincias: Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Salta, Chubut, Tucumán… mi invitación es a que dejemos de lado la discusión binaria “modelo santafesino / modelo cordobés”, no es necesario copiar ni uno ni otro. El instrumento de votación tiene que responder y ser compatible con las particularidades de cada régimen electoral, sistema de partidos, formas de organizar el territorio, magnitud de distritos, tamaño de asambleas, calendarios y leyes de cuota. Por ejemplo, en algunos casos, perfectamente se podría pensar en diferenciar una boleta que tuviese, gobernador y diputados, otra que tuviese –quizás- el Senado, y otra que tuviese al intendente y a los concejales. Y tampoco se necesita que tenga voto de lista completa. Pueden estar en una misma boleta, referenciándose horizontalmente, sin el voto de lista completa.
En fin, yo no creo que haya un sistema mejor que el otro. Hay sistemas mejores para realidades y configuraciones institucionales y partidarias específicas. Para mí es importante que el instrumento de votación tenga referencia partidaria, porque es una hoja de ruta para el elector y también para evitar que el único atractivo sea poner en cabeza de lista con su foto a una persona con altos niveles de conocimiento.

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