
En escenarios de desconfianza y polarización, la transparencia no es solo una necesidad práctica o un requisito legal; es un proceso fundamental para la construcción de confianza y para fortalecer la relación entre actores políticos y la ciudadanía.
Narda Carranza es politóloga y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Es docente universitaria, investigadora y consultora en temas de políticas públicas.
Es Oficial de Programas Asociado de IDEA Internacional (División de América Latina).
Es practitioner fellow del Electoral Integrity Project (2023).
Es profesora en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) donde ha dictado los cursos de Introducción a la Ciencia Política, Gestión Pública Sistemas Electorales y Comportamiento Electoral, y Género y Política.
Ha sido investigadora para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y editora de la Revista Elecciones.
Fue becaria del programa trAndeS – Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región Andina (una iniciativa conjunta entre la Freie Universität Berlin y la PUCP), entre 2017 y 2019.
Queremos saber cuál motivo la llevó a estudiar esta temática.
A lo largo de mi carrera, especialmente profesional, siempre he estado cerca de los temas electorales. En el ámbito académico, dentro de la ciencia política, me he enfocado principalmente en la gestión pública y las desigualdades sociales. Mi enfoque, entonces, de los procesos electorales está influenciado por dos campos de estudio algo alejados pero que pueden ser complementarios.
Sin embargo, fue al unirme al Electoral Integrity Project, una iniciativa de Pippa Norris, que pude conectar estos temas con aspectos esenciales de la democracia. Este proyecto incluye un programa de mentoría no solo para académicos de todo el mundo que estudian temas electorales, sino también para profesionales que, como yo, trabajamos en el ámbito público electoral, en mi caso en Perú.
El enfoque en la integridad electoral y el aprendizaje junto a especialistas en este campo me ayudaron a relacionar de manera más concreta mis intereses prácticos y empíricos con el análisis de los fenómenos electorales en el marco de la democracia representativa y participativa. Por ejemplo, el concepto de inclusive voting practices propuesto por Toby James y Holly Garnett. Este se refiere a políticas que buscan reducir las desigualdades en la participación electoral y asegurar un proceso electoral más equitativo. Estas prácticas incluyen iniciativas para disminuir la brecha de participación entre diferentes grupos y mitigar otras formas de desigualdad dentro del proceso electoral.
¿Puede describir cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos?
El respeto de los derechos humanos y la calidad de las elecciones son componentes esenciales para una definición inclusiva de democracia. La transparencia, como rasgo distintivo de las elecciones democráticas, está profundamente vinculada a un desafío relevante en algunos países, como Estados Unidos y Perú: la confianza electoral. Esta confianza ha sido mermada en estos contextos debido a acusaciones infundadas de fraude y discursos polarizadores que erosionan la legitimidad del sistema electoral.
En escenarios de desconfianza y polarización, la transparencia no es solo una necesidad práctica o un requisito legal; es un proceso fundamental para la construcción de confianza y para fortalecer la relación entre actores políticos y la ciudadanía. La transparencia conlleva riesgos, tiene adversarios y genera costos. En el ámbito del financiamiento electoral, por ejemplo, estos costos son particularmente altos para actores como los partidos políticos, quienes enfrentan un escrutinio constante por parte de los medios y de la ciudadanía. Aquí, la transparencia revela tanto sus límites: la capacidad de fiscalización es a menudo insuficiente, los fondos de procedencia ilícita no son siempre detectables, y la calidad de la información disponible sigue siendo un desafío. Para abordar estas limitaciones, se deben fortalecer las capacidades de fiscalización y desarrollar mecanismos que permitan una presentación más clara y accesible de la información a la ciudadanía. La transparencia electoral, en este sentido, requiere una postura crítica y el compromiso de construir capacidades para garantizar su eficacia, demostrando así que ser transparente es un proceso arduo y continuo. Al mismo tiempo, es un proceso de negociación entre actores políticos y organismos electorales y otros actores, y su cariz más político no puede perderse de vista.
¿Cuál es su punto de vista acerca de la morfología deseable del organismo electoral, en orden de la consolidación de la transparencia en los comicios en la región?
En Latinoamérica predominan dos modelos, uno basado en una sola institución electoral que concentra todas las funciones y otro mixto en el cual se combinan organismos dependientes del poder judicial y del ejecutivo. ¿Coincide con tal taxonomía? Y, según su punto de vista, ¿cuál de los dos es preferible?
Esta pregunta me remite a un artículo que publicó Facundo Gabriel Galván en uno de los números de la revista Elecciones que tuve la oportunidad de editar en 2023. En este artículo explora cómo los distintos modelos de organismos electorales influyen en los niveles de confianza ciudadana. En su análisis, Galván identifica dos modelos predominantes en América Latina: independientes y mixtos. Su estudio revela que la independencia formal de los organismos no siempre correlaciona con altos niveles de confianza. Por ejemplo, mientras en países como Costa Rica y Uruguay los organismos independientes gozan de alta confianza, los países que tienen los niveles más bajos de confianza tienen también modelos independientes. Por su parte, los modelos mixtos, como en Colombia, también han logrado generar niveles de confianza relativamente elevados. De acuerdo con estos hallazgos, la preferencia por un modelo u otro podría depender del contexto político y de la historia institucional del país. El modelo mixto puede ser beneficioso al distribuir funciones y generar contrapesos, lo que puede incrementar la percepción de imparcialidad y fortalecer la transparencia electoral, especialmente en escenarios donde la confianza ciudadana es baja o fluctuante.
Podríamos considerar que algo similar ocurre en el ámbito de la transparencia electoral. Sin embargo, esta tipología no contempla dos categorías que podrían aportar matices importantes sobre su papel: en primer lugar, existe el modelo donde el gobierno gestiona las elecciones bajo la supervisión de un órgano colegiado (como en el caso francés), un diseño frecuente a nivel mundial que, en algunas clasificaciones, se asemeja al modelo argentino. En segundo lugar, está el modelo en el que la administración electoral es responsabilidad exclusiva del gobierno, que se encuentra en la mitad de los países de Europa Occidental, así como en varias naciones del Caribe, Asia del Sur y el Pacífico, África y Oriente Medio.
Si no se consideran estos modelos (sin incluir aquí el sistema anglosajón descentralizado con supervisión limitada), será difícil evaluar adecuadamente la influencia de la independencia sobre la transparencia junto a otros factores.
Además, es importante señalar que en América Latina los modelos mixtos suelen contar con niveles de independencia significativos y no son completamente dependientes del Ejecutivo, como sugiere la tipología básica. Esto muestra que no se trata de modelos tan opuestos, lo que refuerza la necesidad de explorar otras configuraciones presentes en otras regiones y en algunos países del Caribe para comprender mejor estas dinámicas.
¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana canalizada por organizaciones de la sociedad civil como mecanismo de control en pos de la transparencia de los comicios en la región?
En cuanto al rol de las veedurías internacionales, ¿cuál es el balance al respecto que usted puede realizar?
Estoy de acuerdo en que la participación ciudadana a través de organizaciones de la sociedad civil es fundamental para reforzar el control y la transparencia en los procesos electorales de la región. Una coalición diversa que incluya periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y expertos/as en la materia puede potenciar este control ciudadano. Sin embargo, para que estas observaciones sean productivas, los actores involucrados deben comprender las normas electorales (perspectiva interna) lo que va más allá de un conocimiento general de las normas de rango legal. Un mejor monitoreo ciudadano involucra una comunicación y retroalimentación continua entre la sociedad civil y actores instituciones, dado que su ausencia puede más bien alimentar discursos que erosionan la confianza en los organismos electorales o alienan a actores políticos aliados.
Quisiera mencionar un reciente encuentro en Perú entre organizaciones de la sociedad civil peruana y representantes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia y Transparencia por Colombia (un evento organizado por la ONPE e IDEA Internacional). En ese espacio, se compartieron experiencias y metodologías para monitorear el financiamiento político en Colombia. Con este tipo de espacios inspiradores y de aprendizaje podemos elevar la efectividad del trabajo de la sociedad civil.
En cuanto a las veedurías internacionales, considero que se benefician de la labor de la sociedad civil, aportando una perspectiva más amplia y un mejor conocimiento del contexto específico. Este trabajo conjunto permite que las veedurías internacionales cuenten con un aliado en el terreno, legitimar sus diagnósticos y propuestas, e, indirectamente, generar procesos de agendación de reformas más participativos y democráticos.
¿Cuál es su balance, desde una perspectiva de derechos humanos, acerca de la introducción de cuotas o cupos de género en las normativas electorales de la región para cargos públicos electivos?
Los avances alcanzados en las cuotas de género en cargos públicos electivos a nivel legislativo contrastan con el magro nivel de paridad en cargos públicos electivos ejecutivos, ¿a qué cree usted que se debe tal diferencia pronunciada?
Cuando hablamos de participación política efectiva de las mujeres, las cuotas de género y la paridad necesitan ir acompañadas de mecanismos de alternancia para lograr resultados significativos. Las cuotas pueden asegurar la inclusión en las listas de candidaturas, pero sin la alternancia, muchas mujeres quedan relegadas a posiciones no elegibles. Este desafío es aún mayor en el ámbito de los cargos ejecutivos, donde la posición en la cabeza de las fórmulas no parece poder ser objeto de medidas afirmativas similares y donde implementar paridad horizontal no parece posible, dado que se trata de circunscripciones únicas o nacionales. Para otro tipo de cargos ejecutivos a nivel nacional, la paridad horizontal sí ofrece una solución a la bajísima representación descriptiva de mujeres en este tipo de cargos.
En cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de las actividades institucionales permanentes de los partidos políticos, ¿cuál es, según su punto de vista, el más adecuado en vistas de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región? Una vía para reducir el costo de las campañas electorales puede ser garantizar espacios gratuitos en medios masivos de comunicación, ¿esto debe incluir redes sociales en internet?
Los beneficios de las modalidades de financiamiento indirecto en el ámbito político son evidentes en contextos multipartidistas complejos, donde gestionar y supervisar un financiamiento directo puede resultar inviable. En sistemas con más de 30 partidos en competencia, el financiamiento indirecto permite promover la equidad sin generar cargas excesivas, distribuyendo recursos de manera más eficaz y reduciendo posibles conflictos o irregularidades en su uso. Me parecen una vía más ágil para fortalecer a los partidos y evaluar su impacto. Una estrategia efectiva sería ofrecer servicios de capacitación y recursos transversales que ayuden a los partidos. En el caso peruano, donde los partidos suelen ser débiles y actúan principalmente como vehículos electorales, el financiamiento institucional indirecto me parece una opción a considerar.
Respecto al rol de las redes sociales, estas deben ser parte central de la discusión sobre el financiamiento de campañas y actividades institucionales. Me parecería ideal una estrategia regional de negociación con las principales plataformas, dado que una aproximación país por país es compleja debido a la falta de representación institucional de estas plataformas en varios países de la región. Esta estrategia ofrece una oportunidad para establecer estándares que mejoren la transparencia y equidad en el acceso a estos medios, avanzando hacia un ecosistema más justo y regulado.