
Si todo recae en el financiamiento privado es más probable que empiecen a aparecer problemas de financiamiento ilegal.
Paula Clerici es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella.
Investigadora Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesora en la Universidad Torcuato Di Tella.
Directora del Interdisciplinary Laboratory for Computational Social Science, de University of Maryland, en Argentina.
Fulbright Fellow en University of Maryland y Visitor Fellow en Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Estudia las instituciones políticas, el comportamiento legislativo, las relaciones ejecutivo-legislativo, los gabinetes, las coaliciones políticas, el sistema de partidos y el federalismo.
Ha publicado artículos en Legislative Studies Quarterly, The Journal of Legislative Studies, Governance, Publius y en diversas revistas en español como Revista de Ciencia Política (Santiago) y Política y Gobierno, entre otras.
Su página web es https://paulaclerici.com/
¿Cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos?
Si tomamos la definición más mínima de democracia, una definición instrumental o minimalista, como también la denominamos en ciencia política, en ciencias sociales en general, sigue no sé si siete u ocho, digamos, postulados (que ya Dahl hablaba de la poliarquía) y los primeros que aparecen como fundamentales son los de la libertad de expresión y los derechos políticos. Entonces, en este sentido, que existan elecciones no implica que estemos en presencia de una democracia, pero sin elecciones directamente, ni siquiera podemos pensar que un régimen o un caso que estemos analizando tenga ni siquiera alguna característica que la pueda asemejar a la democracia.
La idea de que las personas puedan candidatearse para cargos públicos, que exista un proceso de elecciones mediante el cual la ciudadanía elige, que quienes participan de dicho proceso lo hagan en libertad, que cualquier expresión grupal de diferentes antecedentes o diferentes intereses, digámosle, pueda candidatearse, que esa es la idea básica de cualquier partido político, y que quienes forman la ciudadanía puedan elegir entre esas opciones de manera libre son los requisitos fundamentales sin los cuales podemos pensar que exista una democracia.
En este sentido, otra de las características fundamentales es que los resultados de esas elecciones se respeten porque, en muchos casos, lo que pasa es que las elecciones se llevan adelante, pero después, lo que pasa con esos resultados queda en la nada o quien dirige el régimen de turno, el régimen político de turno, decide cancelar los resultados de esas elecciones y entonces quienes resultaban elegidas no pueden asumir, y eso implica que el proceso electoral se respete, pero en el medio también ocurre algo que es que esas elecciones sean limpias y transparentes. Entonces, hay un montón de instancias en las que es posible vulnerar ese derecho fundamental que hace que las personas puedan ser elegidas y puedan elegir.
Entonces, un sistema electoral, cualquiera que sea, que siga las reglas que quienes gobiernan y legislan han dado para el país o para la unidad territorial de la que estamos hablando, una provincia o un municipio, que esas reglas sean respetadas, que las personas puedan candidatearse, que puedan elegir libremente entre esa oferta electoral, que todas las instancias y las reglas de ese procedimiento sean respetados y que sean auditables para la ciudadanía y que esos resultados se respeten, bueno, forma parte del gran proceso electoral que hace que una democracia, al menos tenga ese primer requisito o ese primer escalón que implica que lo sea. Después, hay otro montón de características que hacen pensar si estamos hablando o no de una democracia. Pero el piso básico es que ese proceso sea transparente y se respete.
¿Cuál es su punto de vista sobre la morfología deseable del organismo electoral, en orden de consolidación de la transparencia en los comicios en la región?
Yo creo que una característica deseable, que muchas expertas y expertos en estos temas coinciden cuando hacen recomendaciones, es que ese organismo sea independiente de los distintos poderes del Estado.
Pienso en el caso mexicano o en el caso peruano, donde ese instituto no forma parte de la órbita de los poderes. Es bastante común que forme parte de la órbita del poder ejecutivo. Bueno, es el caso de nuestro país. Que no lo sea, no significa necesariamente que haya un problema de transparencia. De hecho, las instituciones que rigen y que controlan y que llevan adelante el proceso electoral en nuestro país, me refiero al nivel nacional, funcionan muy bien y no está en juego su legitimidad y, sin embargo, forman parte de la órbita del poder ejecutivo, pero es cierto que ahí aparece una especie de “ser juez y parte”. Entonces en las recomendaciones que en general se realizan está que esta institución esté por fuera de la órbita del poder ejecutivo. Eso le da como una mayor pátina de transparencia y con un servicio civil que forme parte de ese organismo, que sea con un ingreso por concurso, con una con trayectoria, con expertise, donde quien entra vaya aprendiendo y vaya accediendo a mayores cargos dentro de una institución. Bueno, lo que implica una burocracia profesionalizada y, obviamente, con capacidad de poder tomar decisiones y de ser autónomo, independiente, con un criterio de equidad a la hora de llevar adelante el proceso y de controlar que el proceso se realice en condiciones de transparencia y de equidad.
¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana canalizada por organizaciones de la sociedad civil como mecanismo de control en pos de la transparencia de los comicios en la región?
Personalmente, creo que en una situación ideal no haría falta, si todo el proceso funcionara con el espíritu que en democracia queremos que funcione y es dable esperar que funcione, quizás no haría falta que nadie controle por fuera de esa institución que organiza y, obviamente, la justicia electoral, con la palabra en caso de pleitos o de disidencia de opiniones respecto al proceso, idealmente, no haría falta que la sociedad civil controle, o sea un órgano más de contralor. Sin embargo, las democracias no son perfectas y en algunos países o en algunas situaciones, el hecho de que la sociedad civil u organismos internacionales, no sé si sería la palabra auditar, pero que estén mirando todo el proceso le otorga, me parece, una legitimidad mayor.
Sobre todo cuando aparecen ciertas controversias alrededor de algunas prácticas que pueden ser más o menos aisladas de alteración o de posibles denuncias de fraude, en algunas instancias. Entonces, que organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales puedan mirar el proceso y dar fe de que al menos no hay problemas sistemáticos en toda la jornada, me parece que es una instancia que fortalece justamente esa pretensión de transparencia y de equidad que tiene, o que debería, tener un proceso electoral en democracia.
En cuanto al rol de las veedurías internacionales ¿Cuál es el balance que puede realizar?
Bueno, a mí me parece que fortalecen el proceso, sobre todo en ciertas elecciones de ciertos países que son cuestionados quizás por distintos actores del sistema internacional o por distintas instituciones del sistema internacional, no necesariamente países, quizás organismos. El hecho de que la sociedad internacionalizada pueda estar presente da un mayor seguro, funcionaría como un reaseguro, dándole mayor legitimidad al procedimiento. O efectuando las denuncias del caso, obviamente, porque en los casos en los que se encuentra que hay acciones de fraude sistemático, me parece que son fundamentales para denunciar estas cosas.
¿Cuál es su balance, desde una perspectiva de derechos humanos, sobre la introducción de cuotas o cupos de género en la normativa electoral en la región para cargos públicos selectivos?
Yo creo que las acciones afirmativas son fundamentales para la democracia porque me parece que fueron el único mecanismo que logra aumentar la participación de grupos que ven vulnerados el disfrute de sus derechos, pienso como caso de éxito, obviamente, las cuotas a nivel del colectivo mujeres, pero también pensando en otro tipo de colectivos, por ejemplo, las bancadas indígenas, como tienen en algunos países de la región. Pero también se podría pensar en otros colectivos que realmente no logran que los partidos, siendo el actor fundamental que monopoliza la mayoría de los casos la candidatura a cargos públicos, no logran incorporar el ejercicio de la participación democrática en su interior, entonces las cuotas han resultado ser un mecanismo efectivo para que estos grupos puedan. Digo especialmente las mujeres (porque es la acción afirmativa más común en la región, son muy pocos los países que no tienen algún mecanismo al respecto) han logrado aumentar notablemente la participación en cargos de toma de decisión y eso hizo que los partidos aprendieran la necesidad de incorporar más mujeres. Obviamente, todavía hay un montón para hacer, porque en pocos casos se obliga a los partidos en su interior a tener mecanismos de participación o mecanismos de cuotas más allá de los que el sistema electoral les obliga para la para la oficialización de candidaturas, pero de alguna manera esto empuja a los partidos a que empiecen a considerar cada vez con mayor seriedad las mujeres para integrar listas y que integren lugares en que sean viables que entren.
Insisto esto pensado para otro tipo de grupos a los que se les vulnera los derechos sistemáticamente. Me parece que el principio de equidad, que es el que está detrás de este tipo de acciones afirmativas, es fundamental para que estos grupos puedan ver sus derechos vulnerados en menor medida, diría.
Los avances alcanzados en la cuota de género en cargos públicos electivos a nivel legislativo contrastan con el magro nivel de paridad en cargos públicos electivos ejecutivos, ¿A qué cree, usted, que se ve tal diferencia pronunciada?
Cuando a los partidos no se los obliga a poner mujeres, da la impresión de que no lo hacen por voluntad propia. Hay un montón de estudios acerca, por ejemplo, de la incidencia de las mujeres en los gabinetes nacionales o del nivel subnacional y hay algunas variables que explican que esto es más probable que ocurra, por ejemplo, cuando el poder ejecutivo está encabezado por una mujer, cuando hay mayor participación en el poder legislativo, cuando los partidos de centro izquierda que generalmente tienen mayor tendencia a incorporar mujeres en sus gabinetes. Pero también cuando hay gobiernos de coalición las mujeres tienden a tener menos presencia en los gabinetes, porque los partidos tienen que repartir más entre ellos a nivel de cargos públicos y entonces, lógicamente, las que pierden son las mujeres.
La primera conclusión es que cuando a los partidos no se les exige, el sesgo sigue estando a favor de los varones, por supuesto, cuando depende de los políticos y las políticas, pero mayormente de los políticos, la primera opción no suele ser poner a las mujeres en cargo de decisión, y esto, obviamente tiene que ver con trayectoria de la dependencia, con los egos o sesgos en contra de las mujeres, que obviamente llevamos la peor parte, en lo que implica la participación política para las mujeres desde su vida privada. Muchas veces la maternidad o las tareas de cuidado no son compatibles con los horarios, donde todo sucede en términos de, digamos, de la rosca o de la socialización política, y entonces, obviamente, esto hace que las mujeres por ahí participen menos y estén menos involucradas, obviamente, en la toma de decisión, desde la decisión de los partidos políticos.
En cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de las actividades institucionales permanentes de los partidos políticos ¿Cuál es, según su punto de vista, el más adecuado en vista de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región?
Me parece que el sistema de financiamiento público o mixto, pero donde el público tiene una importancia relativa mayor o al menos -valga la redundancia- importante. Esto reduce las inequidades, porque pensemos en la diferencia entre partidos, chicos y partidos grandes, partidos mainstream o partidos nuevos. Los nuevos generalmente tienen menos afiliados, tienen menos financiamiento privado. Entonces es clave el financiamiento público para que los partidos políticos puedan hacer, por ejemplo, minutos de exposición en radio y televisión o para llevar adelante actividades que hacen al proselitismo durante la campaña, y no solamente porque hay Estados que contribuyen al sostenimiento de los partidos políticos fuera del ámbito o del espacio de la campaña electoral. Entonces, en términos de pensar la equidad como principio fundamental de esto -ya que lo venimos mencionando en toda la entrevista-, en esta idea de que el Estado realice el empuje inicial para equiparar la cancha, también el financiamiento es fundamental. Eso, por un lado, y, por otro lado, que si todo recae en el financiamiento privado es más probable que empiecen a aparecer problemas de financiamiento ilegal. Obviamente, las legislaciones y las distintas instancias, los instrumentos jurídicos obligan a los partidos políticos a presentar informes, pero sabemos que muchas veces estos informes son dibujados o que no hay consecuencias para los partidos políticos o que no los presentan o que los dibujan o que subreportan financiamiento. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de incidencia que tiene el financiamiento privado dentro de la instancia de la campaña y más allá, más probable es que aparezcan entonces situaciones en los que a grupos -no sé, pienso en narcotráfico, pero puedo pensar en otros negocios que son sumamente lucrativos- les conviene meterse en el financiamiento de partidos políticos para las campañas.
Por estos dos motivos, creo que darle mayor importancia al financiamiento público aumenta la equidad y la transparencia.