
La transparencia suele enfocarse en la visibilidad y el acceso a la información, es decir, mostrar lo que se hace.
Abogada, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Es fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones -IDEMOE- www.idemoe.org .
Es Secretaria de Extensión Universitaria del Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional (IUGNA)
Es Coordinadora adjunta de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF)
¿Cuál es el motivo que la llevó a usted a interesarse en esta temática, en lo que es la transparencia electoral?
Eso tuvo etapas en mi vida. Inicialmente en mi juventud, participé mucho en actividades políticas dentro del centro de estudiantes de la secundaria. De muy niña estaba siempre inquieta en juntar unos pesos para hacer alguna actividad solidaria dentro del ámbito donde me movía, por ejemplo, en una escuelita de arte en que se necesitaba para comprar algún elemento o regalo, yo era la tesorera.
Creo que lo primero que me movilizó fue esa actitud y gusto por hacer algo por el otro y que hoy podríamos interpretar como una temprana vocación política.
Luego, recién recibida de abogada en Córdoba vine a Buenos Aires a formarme en el Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP) y en la Escuela Nacional de Gobierno, allí nos propusieron pasantías ad honorem para trabajar en el Congreso y otros poderes del Estado, fui becada en Science Po en París Francia, todas propuestas para la formación de dirigentes políticos.
Profundice mi interés en lo electoral observando elecciones en países de la región.
Luego de un cierto desencanto de lo que hoy entendemos por política y -más aún, sin generalizar- de quienes aparecen como sus actores, empecé a buscarle el lado técnico.
La primera elección a la que pude concurrir fue en Estados Unidos. Luego organizamos en Brasil, en Uruguay y luego surgió México, y ahí es donde me involucro con el verdadero mundo electoral, donde sí participaban las autoridades electorales. Y eso fue, un poco, mis inicios en la pasión absoluta que tengo por la observación de elecciones.
Ahí me involucro en lo electoral desde un espacio más desvinculado a la actividad política militante en sí -de la cual tampoco nunca estuve, digamos, orgánicamente participando-, si no desde la aspiración de deseo tener algún espacio de responsabilidad política. Y luego fundé IDEMOE, porque introduzco institucionalmente la observación electoral a este país proponiendo la primera experiencia metodológica. Fue en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces formamos a un grupo de abogados, generé los fundamentos y un programa de observación electoral que nos permitió, per sé, desarrollar la actividad dentro de este ámbito, también muy vinculado a los derechos humanos, porque en realidad las defensorías son un órgano de la Constitución. Yo había visto esas experiencias como observadora de OEA, en países como Perú y en distintos países de Centroamérica hicieron estas experiencias de las Defensorías del Pueblo, y eso es lo que me acercó a la Argentina.
Luego, con un grupo de colegas -que fuimos observadores en distintas misiones y especialistas- fundamos el Instituto de la Democracia de Elecciones, que en 2025 ya va a cumplir 10 años y que es un orgullo que me llena de satisfacción porque hoy es la única organización que tiene despliegue territorial en toda Argentina, o sea es federal, además de plural, transversal, no partidista, enfocada en la participación ciudadana en los procesos electorales.
Recientemente fui Secretaria Electoral del juzgado federal de Catamarca. Entonces, ya la carrera profesional me fue colocando siempre en estos lugares “electoraleros”.
Hoy represento a mi país en diferentes elecciones en las que soy convocada como observadora internacional. A los mencionados puedo sumar a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Brasil y El Salvador, entre otros.
A nivel nacional, la observación electoral no ha sido incorporada en plexo normativo, se reconoce lo que denominaron “Acompañamiento Cívico” a través de una acordada de la Cámara Nacional Electoral.
¿Puede describir cuál es el rol que juega la transparencia electoral en la consolidación de la democracia y en el respeto hacia los derechos humanos?
En relación a la transparencia, adelanto que no estoy muy a favor del uso de esa palabra hoy. Como gastada, consumida, ¿no? La verdad es que por ahí hay muchas cuestiones que atraviesan ese término y están a la vista; nosotros podemos ver el estado patrimonial de un partido, pero no sabemos si lo declarado existió, podemos ver los resultados electorales, pero no si fueron limpios o en igualdad de condiciones.
Por eso es que prefiero el concepto de integridad.
Las palabras “transparencia” o “corrupción” son utilizadas en exceso hasta el punto de perder su impacto o volverse vacías de significado.
Estos términos describen cómo palabras que alguna vez tuvieron peso y relevancia pierden su fuerza por la repetición constante y la falta de acción concreta que las respalde. Es una apreciación constructiva.
La transparencia suele enfocarse en la visibilidad y el acceso a la información, es decir, mostrar lo que se hace. Sin embargo, puede quedarse en la superficie o ser utilizada como una palabra “de moda” sin una verdadera acción detrás.
La integridad, en cambio, va más allá: implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, honestidad, ética y un compromiso real con los valores. No se trata solo de “mostrar”, sino de ser y actuar correctamente, incluso cuando nadie está mirando.
La transparencia muestra las cuentas públicas; la integridad garantiza que esas cuentas sean manejadas de manera ética y justa.
La transparencia expone procesos electorales; la integridad asegura que esos procesos sean legítimos y justos.
Byung-Chul Han, el reconocido filósofo surcoreano-alemán, critica fuertemente la transparencia en su obra “La sociedad de la transparencia”. Para él, la transparencia no siempre es algo positivo; al contrario, en su visión, puede ser problemática y destructiva en la sociedad actual.
Aquí es donde el concepto de integridad toma relevancia. La transparencia se enfoca en mostrar y vigilar, mientras que la integridad implica actuar con ética, coherencia y responsabilidad, aunque nadie esté mirando. Como dice Byung-Chul Han, quizás necesitamos más reforzar pilares de la confianza y humanidad, y menos obsesión con “verlo todo”.
Me llamó la atención, ¿por qué hacen este vínculo de la transparencia como derecho humano? ¿A qué se debe la relación entre una cosa y la otra?
- Federico Giles: Lo que habíamos visto dentro de la actividad del Centro era cómo rescatar el derecho a elegir y ser elegido dentro de los derechos políticos, reconocidos como derecho humano los derechos políticos, y cómo la transparencia garantiza que esas condiciones pudieran dar sin ningún tipo de manipulación la posibilidad de elegir. Y en el caso de que la persona sea candidata también pueda competir en condiciones legítimas. Y ahí era el vínculo que establecemos: en elecciones manipuladas se viola ese derecho humano a elegir y ser elegido.
- Silvana: Yo puedo cuestionar ese punto. En Argentina tenemos un sistema de partidos que se está viendo deteriorado de una forma catastrófica, digamos no sólo en la atomización de los partidos políticos tradicionales, que deviene en la existencia de cantidad de partidos nacionales (47) y de distrito (718) enorme.
Entonces, podemos “transparentar” las autoridades de un partido, los afiliados, el financiamiento de campañas y del desenvolvimiento institucional, los candidatos en una lista, pero luego el observador electoral advierte que las autoridades no se reúnen regularmente, no se conocen entre ellos, los afiliados ni saben que lo son, a los candidatos no los eligieron esos afiliados sino las cúpulas, los dineros de campaña se disponen discrecionalmente aunque luego se rindan cuentas. No tiene mucho sentido esa transparencia.
En este 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolvió mediante la Res. 1/24 CIDH:
- Reconocer en las personas observadoras electorales, tanto nacionales como internacionales, el carácter de defensoras de derechos humanos.
- Destacar la importancia del papel que cumplen las personas observadoras electorales para la defensa de sistemas democráticos y la consolidación del Estado de Derecho.
- Instar a los Estados a abstenerse de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en la labor que realizan las personas observadoras, incluyendo la toma de represalias por sus actividades.
- Exhortar a los Estados a garantizar las condiciones propicias para la observación independiente e imparcial de las elecciones por parte de las personas observadoras electorales nacionales e internacionales. Específicamente, los Estados deben garantizar la seguridad, el libre tránsito y la libertad de expresión de las personas observadoras y, por consiguiente, vigilar que no se tomen en su contra ningún tipo de represalias por sus declaraciones y hallazgos.
- Llamar a los Estados a asegurar la acreditación y registro oportuno para la observación electoral, así como el acceso a la información necesaria para hacer su trabajo bajo el principio de máxima publicidad de los procesos electorales.
- Reafirmar el deber de los Estados de proteger a las personas observadoras electorales frente a los riesgos de su labor -como agresiones, amenazas y otras formas de amedrentamiento, tanto en el espacio físico como digital- y de promover la investigación rápida, diligente y eficaz ante cualquier agresión de la que sean objeto en ejercicio de sus funciones.
Argentina está en deuda con la incorporación de la observación electoral en su normativa electoral nacional. México la tiene incorporada en la Constitución, y muchos países de la región lo tienen legislado, con lo cual ya hay leyes en casi todos, menos en tres: Argentina, Uruguay y Chile, que no contemplan la observación electoral con los parámetros que lo hacen los demás (donde permiten el ingreso de OE internacional, por ejemplo de la OEA o de la Unión Europea o de otros organismos del tercer sector, que tienen cuerpos de observadores electorales reconocidos; en nuestro país un ejemplo es IDEMOE). Entonces, desde el principio, que nosotros no tengamos contemplado en la norma la observación electoral impide la mirada ciudadana. Hoy dependemos de una acordada (128/2011) de la Cámara Nacional Electoral, o sea, de la justicia nacional, donde además fue variando a criterio. En la pandemia, restringieron completamente la actividad, al contrario de los derechos humanos, que indicaban que tales procesos debían contemplar la mirada de observadores electorales para garantizar su cumplimiento.
La observación electoral en Argentina está sometida a resoluciones restrictivas, casi absurdas, llenas de argumentos para negar, impedir o limitarles la participación. Por otro lado, la contracara incoherente: que los argentinos -y sobre todo las autoridades electorales- son observadores en el resto de los países, son invitados, participan, son valorados. Algunas provincias a nivel de observación nacional han admitido esto, entonces somos convocados y participamos; son las mismas que tienen muy buenos procesos y están a la vanguardia en integridad electoral, tales como Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Salta y Ciudad de Buenos Aires.
Así que para mí la mirada desde nuestra especialidad, en relación a la transparencia y a la integridad, tiene que ver con la observación electoral, porque es la única instancia de participación ciudadana profesional experta, pero también sin esa necesidad académica específica. Los aportes que hemos hecho con los informes, las modificaciones que se han hecho. Por ejemplo, el cuarto oscuro accesible, el cuarto oscuro de contingencia para que haya boletas disponibles, ante faltantes.
¿Cuál es su punto de vista acerca de la morfología deseable del organismo electoral, en orden de consolidación y la transparencia en los comicios en la región?
La morfología no tiene mucho que ver con nuestra conformación geopolítica. Primero, Argentina es un país territorialmente extenso y federal. En razón de ello, me gusta comparar, con México, a Estados Unidos y Brasil.
En México existen dos autoridades electorales: el Instituto Nacional Electoral – INE (administrativo) y TEPJF (Judicial). Agregaría un tercer actor, del que soy muy admiradora, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
El Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora es el INE, que tiene funciones amplias, al punto que el documento de identidad allá lo llaman “INE”. Asimismo, tiene el Tribunal Electoral de la Federación que es el órgano jurisdiccional. Entonces cuenta un administrador del proceso, el órgano jurisdiccional y una fiscalía especializada, con competencia electoral exclusiva de todos éstos.
Vamos a Brasil, que si bien tiene a un órgano judicial – Tribunal Supremo Electoral- también cargo de la gestión, ellos son generadores de su propio instrumento de votación -tienen urnas electrónicas que son de su propiedad- no están dependiendo de una empresa.
Con este instrumento, cuestionado por algunos sectores, los brasileños solucionaron muchísimos problemas de su propio sistema. Y tuvo que ver inicialmente, aunque parezca increíble, con el grado de analfabetismo: la urna electrónica resultó una incorporación amigable para que pudieran votar los pueblos originarios, en el Amazonas. La accesibilidad al instrumento y a la oferta electoral tiene que ver con los derechos humanos, claramente. Los partidos políticos y la ciudadanía hoy ya están muy asimilados al sistema, muy incorporados, legitimados y no se están haciendo planteos de reformas, salvo intereses parciales o coyunturales, que aparecen en todas las elecciones. Y lo que destaco de México y de Brasil, es que los integrantes del TSE duran siete años en sus funciones y rotan. En México, los magistrados duran 9 años. En Argentina son inamovibles. Entonces, lo que planteo -y ya lo hago sin temores porque he formado parte del fuero electoral y no tengo problemas- y en lo que yo estaría de acuerdo, es que pudiésemos tener un órgano de administración de las elecciones -por lo menos intentarlo- y así el órgano jurisdiccional dedicarse a las cuestiones controversiales que le corresponden como impartidor de justicia.
La verdad es que a esta altura sí hay cuestiones técnicas que exceden a los abogados (con lo cual me van mirar feo los colegas en este punto) pero lo cierto es que los órganos administrativos electorales en otros países se componen por abogados, también por economistas, ingenieros, diseñadores, sociólogos, politólogos, diferentes especialistas. Lo que sí debemos instaurar es el patrocinio letrado, en el fuero electoral, es decir ante la justicia (con esta iniciativa, recupero el agrado de mis colegas).
En Estados Unidos, existe la Federal Election Commission que nuclea el control del financiamiento y otro organismo que también atiende alguna cuestión tipo radar. Pero la administración electoral está delegada a los Estados, que son autónomos e independientes en estas cuestiones. Y además las primarias están vinculadas absolutamente a la actividad y organización de los partidos, serían como internas nuestras. Las elecciones no son organizadas por una autoridad nacional.
Así que esos son los modelos. Y nosotros tenemos una Justicia Nacional Electoral, jueces federales multifunción al que se les asigna la competencia electoral. La única competencia exclusiva, la tiene la Cámara Nacional Electoral, que es alzada en la justicia. El Ministerio Público Fiscal lo mismo, tiene fiscales con competencia electoral, no exclusiva.
Y la Dirección Nacional Electoral (DINE), una repartición del poder ejecutivo nacional, que está atada a los vaivenes políticos, y sin presencia en las provincias.
Para el perfeccionamiento de los procesos electorales y en relación a la conformación de la autoridad electoral, muchas de las cuestiones podrían estar a cargo de un órgano de gestión electoral con competencia exclusiva con alcance federal para la atención de faltas y delitos electorales, una fiscalía especializada, para el control un auditor judicial en cada provincia.
Lo pongo en opinable, pero lo intentaría, me parece que ya es tiempo de analizarlo. La dispersión de fechas e instrumentos en elecciones a nivel provincial, las elecciones despegadas o concurrentes de elecciones locales con nacionales, son escenarios que se nos están yendo de las manos. Con el nuevo instrumento de votación a estrenar, Boleta Única de Papel (BUP), van a ser complicados no solo la implementación en manos de los jueces federales con competencia. Imagínense que ellos tienen múltiples fueros (están atendiendo un narcomenudeo y aprobando un diseño de boleta). Lo mismo sucede con las conformaciones de algunas autoridades provinciales, que no son de suficiente magnitud para atender una elección separada de la nacional, tal es el caso de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Hay muchas cuestiones que por esa razón están desplazadas al Correo Argentino, y es una empresa. A estas alturas estoy en condiciones de asumir que tenemos que revisar la morfología de nuestra autoridad electoral. No porque no haya funcionado, sino porque nos estamos planteando los desafíos de tener calidad en la participación, un voto consciente e informado, de avances tecnológicos, de nuevos mecanismos de control, entre otros. Y volvemos a la transparencia y -especialmente como yo prefiero- a la integridad.
Necesitamos muchísima mayor integridad ante la ciudadanía, y eso tiene que ver con que el órgano electoral esté en condiciones de poder responder a tiempo cuestiones de capacitación, financiamiento, oficializaciones, investigación, rendición de cuentas, gastos de campañas, monitoreo de medios de comunicación y redes. La autoridad electoral jurisdiccional tiene que resolver en tiempo real con audiencias al momento, no pueden quedar cuestiones sin resolver. Por ejemplo, el monitoreo del financiamiento y medios, tiene que ser en tiempo real, y los órganos que hoy tenemos no están en condiciones de hacer eso, mucho menos a nivel federal.
¿Cuál es su posición acerca de la participación ciudadana canalizada por organizaciones de la sociedad civil como mecanismo de control en pos de la transparencia de los comicios en la región?
La participación ciudadana a través de ONGs es casi nula, no tiene apoyo de las autoridades electorales. Es una actividad -de hecho- filantrópica, depende del compromiso de los que nosotros denominamos “voluntarios cívicos”, que dan su tiempo y experiencia un domingo para ir a observar y relevar información en un acto electoral. En el caso de observatorios electorales, del tercer sector u ONGs, y en algunos otros como una actividad extracurricular dentro de universidades.
No tenemos. Es decir, mantenemos criterios de 30 a 40 años. El no renovar quienes integran estos órganos (porque son inamovibles, casi vitalicios en algunos casos) hace que en la cabeza de tres, cuatro, cinco personas, se mantenga la idea de que esto no se va a incorporar. Y al no renovar esas ideas y no aggiornarse a los tiempos, al mantenerse en cierto statu quo, cierto conservadurismo, no pudimos hasta ahora autorizar la OE nacional e internacional. Desde otra mirada no está mal; o sea, el sistema funciona, está legitimado, yo entiendo que el argentino confía en los resultados electorales, cree en sus autoridades electorales. Con lo cual uno se preguntaría: si funciona bien ¿para qué lo cambiamos? Aun así, creo que estamos al límite de aceptar estas aperturas, creo que sí hay una negación a la participación ciudadana en el proceso. Y eso tiene que ver con las personas que lo deciden y así lo entienden. Algunas autoridades en su momento sí lo han comprendido y generaron esta actividad asimilable a la OE, denominada “acompañamiento cívico”, que es una forma casi disimulada, casi hasta avergonzada, de decir que eso es observación electoral. Tampoco se ha admitido, como adelanté, la observación internacional con los paradigmas de entrar con sus propias metodologías y estrategias de despliegue territorial. Porque la observación de hoy no te va a admitir, por ejemplo, que la autoridad electoral no sepa dónde observarás, a qué escuela vas a ir.
En Argentina tenemos una observación doméstica (acompañamiento cívico), completamente dirigida e invisibilizada por las autoridades electorales. En la última resolución en pandemia nosotros hicimos el primer protocolo, incluso antes que el de la OEA, para los cuidados de los observadores en COVID. Hicimos un esfuerzo cada uno de nosotros para tener barbijo y nos negaron la participación, nos dijeron que el observador tenía que estar en la puerta del establecimiento. Fue resolución del Juzgado N°1 de la jueza Servini de Cubría, con la cual tenemos muy buena relación. Es un excelente juzgado en producción de algunas innovaciones, pero en esto ahora tiene una negación absoluta. No fue así en los inicios.
Para obtener la acreditación para la actividad de acompañamiento cívico, primero hay que ser una entidad inscripta ante un Registro que generó la Cámara Electoral a los fines de cumplimentar requisitos para poder realizar dicha labor el día de las elecciones. Luego viene otra complicación para obtener y distribuir las credenciales, por ejemplo, a observadores que no residen en ciudades capitales.
Y encima llega el día de la elección y la gente no sabe qué es un “acompañante cívico”. Las FFSS y FFAA muchas veces se pegan a los voluntarios, entonces éstos después ya no quieren hacer la tarea porque hasta se sienten con cierto hostigamiento. Entre nuestras incidencias, logramos incluir al “acompañante cívico” en el manual de autoridades de mesa, pero siempre nos niegan como sujeto necesario e integrante dentro del proceso. Al principio podíamos estar en el inicio y en el cierre, y ahora todos los jueces concluyeron que no podemos estar ni en la apertura ni en el cierre. Sólo se nos considera cuando resulta conveniente a intereses, que no son precisamente el de los de los ciudadanos. En la última elección pasó que el actual presidente y su sector político planteó cuestiones vinculadas al escrutinio. Y ahí sí, convocaron a las organizaciones para buscar soluciones. Entonces no puede seguir la autoridad electoral negando la única participación ciudadana dentro del acto electoral, y la mirada ciudadana no partidaria es la observación electoral. Necesitamos que sea así y venimos impulsando que eso sea por ley para no estar dependiendo de la discrecionalidad de la justicia electoral u otras autoridades electorales.
¿Cuál es el balance desde la perspectiva de derechos humanos acerca de la introducción de cuotas o cupos de género en las normativas electorales en la región para cargos públicos selectivos?
En este último tiempo hemos trabajado con todos los grupos de mujeres interesadas y distintas organizaciones con diversos focus, para lograr que en todos nuestros países existan acciones positivas, en Argentina fuimos pioneros en la incorporación del cupo del 30%, eso fue generando también cambios en el resto de los países, que avanzaron hacia la paridad. En nuestro país tenemos garantizada sólo la paridad vertical, en listas legislativas, que tiene las listas cerradas y esto es altamente conveniente. Hay países que no tienen nuestro sistema, que tienen sistemas de preferencias y ordenan listas de acuerdo al resultado, sistema que no favorece el acceso de mujeres a las bancas dado que son menos votadas. En otros países, como consecuencia de esos cupos vinieron los otros: cupos juveniles, cupo indígena, cupo de discapacidad y hasta cupo “arcoíris”, para la diversidad. O sea, se fueron incorporando otras cuestiones también vinculadas a los DDHH.
En paridad horizontal, esto es: para cargos ejecutivos, México es el que más ha avanzado en su incorporación y desarrollo, gracias a fallos judiciales y consecuentes legislaciones.
A la paridad o equidad de género -en las normativas y en las prácticas- le falta mucho que profundizar, decisiones firmes y tiempo de asimilación.
La administración del poder real no está en manos de las mujeres, así estén dentro de los congresos. Nadie que ostente el poder lo cede, y es de los varones. Con lo cual, hoy creo que tenemos que apuntalar a la mujer que no viene impuesta con cierto acompañamiento masculino, incluso destacando sus propios méritos, porque aventaja a aquella otra que de no tener esa condición no podría pertenecer, y es casi científico. Si ustedes revisan la composición de ambas cámaras, e incluso podrían hacerlo a nivel de los legislativos provinciales, van a poder comprobar que si uno se preguntara -sin herir susceptibilidades- ¿quién es el esposo de la legisladora? O sea, podríamos hacerlo a la inversa, ¿qué hace la señora del gobernador o del intendente? Y ver cuántos casos pueden reconocer en las bancas ocupadas por mujeres sin recorrido político propio, pero con padrinazgo masculino familiar.
Entonces, distorsionar el sistema en ese sentido, para generar quizás una amplitud o extensión en el poder masculino ya instalado, es casi contradictorio a los objetivos que nos proponemos. Pero aún así, avalamos las medidas afirmativas para que accedan mujeres, dando la oportunidad, aunque haga una utilización defectuosa, porque aparecen cuadros políticos femeninos muy valiosos.
Lo cierto es que hemos perdido lo alcanzado. No hay una gobernadora en este país. En el esplendor llegamos a tener seis gobernadoras, teníamos seis presidentas a nivel regional. Ahora tenemos a la presidenta mexicana, una mujer con una carrera política y liderazgo. También presiden mujeres la Corte Suprema, el tribunal electoral y el INE.
Los avances alcanzados en la cuota de género en cargos públicos electivos, a nivel legislativo, contrastan con el margo nivel de paridad en cargos públicos, electivos, ejecutivos. ¿A qué cree usted que se produce esta diferencia?
Sí contrastan, porque en el legislativo se los está exigiendo por ley. Como decía arriba. Estoy de acuerdo con las medidas afirmativas, porque de otra manera tampoco sería posible generar el acceso de las mujeres a ninguno de los poderes. Esa discriminación positiva la comparto, es algo que a la masculinidad dominante le cuesta comprender. Hubo un resonado caso de los candidatos varones de Oaxaca, que se travistieron para poder ocupar el cupo femenino en México.
Si hacemos un comparativo con las mexicanas, las mujeres que han accedido al poder en México han impuesto medidas, se han comprometido más en la decisión de incorporar mujeres, por ejemplo: el Poder Judicial dijo “necesitamos implementar la paridad horizontal” y se hizo, ordenaron que en cada elección los partidos postulen mujeres en los cargos ejecutivos. Entonces, sepárense por mapa, háganlo por partido, háganlo por alianza. “Esta vez a las gobernaciones de tales Estados les corresponde que vayan candidatas mujeres, porque ustedes en la anterior postularon un varón”. Y lo mismo con todas las alcaldías.
Por supuesto, es difícil, les está costando la muerte a las mujeres en México. Estamos todos en un proceso bisagra, pero no reemplazaría nada, ni siquiera nuestra paridad. O sea, las medidas afirmativas yo las considero necesarias, y no pueden solo regir al Poder Legislativo ni solo a la categoría legislativa. Tiene que estar también planteada, para luego ingresar en otro desafío que tiene que ver con el mérito, idoneidad, para lo cual no es condición el género de los postulantes.
Género hoy es como la palabra tóxica. No podemos oscilar en extremos en estas cuestiones, porque es absurdo ir para un lado y para el otro, ser pendulares. El actual gobierno tiene varias mujeres potentes en cargos de responsabilidad, y también legisladoras gracias a la paridad, no por otra razón.
Mientras el hombre administra el poder, el poder se sostiene y no pasa por una cuestión de llegar “por capacidad”. Es una lucha de poder ¿Por qué yo te cedería mi poder a vos? ¿Porque eres mujer? “No, querida, hay que ganárselo”, pero si hace 70 años no votábamos, corremos con competidores que ya llegaron a la meta. Ahí es donde creo que debemos trabajar un hilo fino, como educadores y como transformadores de la realidad, para que se comprenda que sólo con mérito no se consigue.
Somos las mejores alumnas. Por ejemplo, ahora en las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal, PSA) las abanderadas son mujeres, pero viene la etapa reproductiva y se terminó la vida de la mujer. ¿Cómo puede ser ese mérito enorme hasta la universidad en la etapa académica? Y luego, ¿cómo puede ser que mujeres con tanta excelencia, no puedan continuar creciendo profesionalmente, si no es porque el padre, el marido, el hermano o el tío les habilita el espacio?
Después están las excepciones que han confirmado la regla, pero han sido mujeres que han generado sus partidos porque no pudieron ser contenidas por el suyo. Y no quiero dar nombres propios, pero bien ustedes saben que esto es así. Muchas mujeres se armaron sus propios partidos políticos.
En cuanto a los modelos de financiamiento de campañas electorales y de actividades institucionales permanentes de los partidos políticos, ¿cuál es, según su punto de vista, el más adecuado en vistas de fortalecer la institucionalidad democrática en nuestra región?
En Argentina tenemos un sistema mixto, de financiamiento público y privado con límites de aportes, con rendición de cuenta del destino de los mismos. Es adecuado, aunque tiene mucho por perfeccionar, especialmente en el control, monitoreo y sanción de los delitos vinculados a los recursos de campañas y de los funcionarios políticos.
Como adelantamos, no es lo mismo el ejercicio anual de aportes para el desenvolvimiento institucional de un partido que los aportes privados para una campaña de un frente o alianza de partidos, cuya obtención, gasto y rendición se presentan más difusos y, por lo tanto, las responsabilidades quedan diluidas.
No es lo mismo un monitoreo en tiempo real de fakes news o desinformación, pagos a redes sociales o de mensajería, medios audiovisuales con generadores de opinión cooptados, clientelismo o de utilización indebida diversos recursos, con la consecuente aplicación de sanciones inmediatas, que todo eso sea evaluado y castigado después de que la elección haya ocurrido.
Otra cuestión a considerar es el financiamiento de las elecciones a nivel provincial, donde los sistemas políticos locales no prevén aportes para desenvolvimiento institucional, alquiler de sedes, capacitaciones o aportes de campaña tales como la impresión de boletas, gratuidad de publicidad en medios como los que tenemos contemplados en la ley nacional. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, que en elecciones separadas haya cancha inclinada respecto a los recursos de los oficialismos, y en elecciones simultáneas que la campaña sea sostenida por los recursos provinciales, que no son visibles ante las autoridades electorales nacionales.
En todos los casos, la inyección de recursos ilícitos provenientes de delitos complejos tales como lavado de activos, trata, narcotráfico, también el enriquecimiento ilícito.
Existe una carencia de autoridades que persigan las faltas y los delitos electorales de manera exclusiva. Como adelanté, el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral no tiene representantes en todas las provincias y no contamos con fiscalías especializadas, o con competencia electoral y de financiamiento de la política, exclusivas.
Ni hablar lo que hoy implica cuantificar lo que se gasta en redes sociales, y la utilización de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y los algoritmos, que son rentadas y que se desconocen. Y no podemos estar dependiendo de que Facebook, IG o X analicen el origen de los fondos de sus promocionales.