Las minas antipersonales constituyen uno de los legados más devastadores de los conflictos armados contemporáneos. Diseñadas para activarse ante la presencia, proximidad o contacto de una persona, su mayor peligrosidad radica en que continúan cobrando víctimas mucho tiempo después de que los combates han cesado. Al no discriminar entre objetivos militares y civiles, provocan muertes y mutilaciones duraderas, siendo la población civil la que sufre de forma mayoritaria sus consecuencias.

De este modo, estos artefactos atentan contra una amplia gama de derechos fundamentales. Más allá de vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal, limitan la libre circulación, obstruyen el acceso a servicios básicos y paralizan el desarrollo económico de comunidades enteras. En numerosos países, extensas áreas agrícolas y zonas habitadas permanecen inutilizables durante años o décadas por el riesgo constante de explosiones. Esta problemática afecta con especial dureza a poblaciones vulnerables como niños y residentes de zonas rurales; muestra de ello es que, solo en 2024, más de 6.000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres a nivel global, de las cuales el 84% eran civiles.

América Latina, aunque ha logrado importantes avances en la materia, continúa enfrentando severos desafíos. El caso más crítico de la región es el de Colombia, sumamente afectado por la contaminación de minas y restos explosivos tras décadas de conflicto armado interno. Desde 1990, el país acumula más de 12.000 víctimas por este tipo de dispositivos, impactando gravemente a campesinos y menores de edad. Si bien las cifras anuales han descendido paulatinamente, la amenaza permanece latente: en el último año, el gobierno colombiano registró 47 víctimas, de las cuales más de la mitad correspondieron a la población civil.

En el marco del Derecho Internacional Humanitario, la principal herramienta creada por los Estados para combatir esta problemática es la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, conocida popularmente como Convención de Ottawa. Adoptada en 1997, este tratado prohíbe de manera integral el uso, almacenamiento, producción y transferencia de estos artefactos, fijando además compromisos claros para la destrucción de arsenales, el desminado de territorios y la asistencia a las víctimas.

Sin embargo, este régimen internacional —considerado uno de los hitos más significativos del desarme humanitario— atraviesa serias tensiones en la actualidad. El impacto de la guerra en Ucrania y el deterioro de la seguridad europea han llevado a diversos países a reconsiderar sus compromisos. Durante 2025, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania iniciaron o completaron su retiro de la Convención, bajo la premisa de que el despliegue de minas en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia actúa como un mecanismo de disuasión defensiva frente a una amenaza creciente. De forma paralela, Ucrania inició el año pasado el trámite para retirarse formalmente del tratado, argumentando una imperiosa necesidad militar ante un adversario que no se encuentra sujeto a dichas restricciones.

Estos acontecimientos, sumados al aumento de las tensiones globales y de los presupuestos de defensa, han reavivado el debate sobre el equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional y la protección civil. Al respecto, organizaciones humanitarias y de derechos humanos advierten que cualquier retroceso en la prohibición de las minas incrementaría los riesgos para las comunidades vulnerables y debilitaría uno de los pilares esenciales del derecho internacional humanitario.

A casi tres décadas de la firma de la Convención de Ottawa, las minas antipersonales siguen siendo un desafío apremiante. Dado que sus consecuencias perduran a lo largo de generaciones, la prevención, el desminado y la asistencia integral a las víctimas se mantienen como elementos indispensables para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.