A lo largo de todo el mundo, la recopilación y la implementación del uso de datos personales por parte de los Estados y gobiernos es un tema que genera muchas controversias, y que en muchas ocasiones roza la vulneración del derecho a la privacidad.
Desde la implementación de las huellas dactilares como primer método de comprobación eficiente sobre la identidad de una persona hasta las herramientas actuales que recopilan información biométrica, el avance ha sido muy significativo en la materia y actualmente en tan solo segundos la identidad, cuenta bancaria, ingresos, profesión y demás datos personales son revelados con tan solo contar con la tecnología digital.
Si bien existen leyes y normas que cada país utiliza para su regulación y para el uso de los datos personales de cada persona, aún existen desfasajes legales que muchas veces ponen en riesgo el fin y la utilización de esa información.
África es un continente diverso con 54 países, cada uno con su propio sistema legal y normas culturales. Las leyes de privacidad de datos en África varían ampliamente, desde países que tienen legislación y mecanismos de aplicación integrales, hasta países que no tienen ninguna ley o reglamento.
A nivel continental, existen dos organismos que trabajan arduamente para asesorar y concretar las normas adecuadas para que cada africano y africana puedan tener resguardo y seguridad de sus datos personales. Uno de esos organismos es la Convención de la Unión Africana sobre Seguridad Cibernética y Protección de Datos Personales (AUCCPD) integrada por 14 países, encargada de crean los mejores mecanismos en torno a la ciberseguridad, la protección de datos frente a fraudes y violaciones, y la aplicación de sanciones. El otro organismo es la Red Africana de Protección de Datos (ADPN) integrada por 17 países, que cumple la función de promover el uso legal de datos y el intercambio en los avances de regulación y protección.
A pesar de la implementación de leyes y normas, actualmente África y principalmente los países de África Subsahariana, se enfrentan a un tráfico ilegal de datos que preocupa gravemente a la comunidad internacional. Muchos países y naciones del continente cuentan con legislaciones sobre la materia pero que aún no hay sido implementadas en la práctica.
Solo 25 de 54 países africanos han promulgado leyes de privacidad de datos en los últimos años. Estos países son: Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Ghana, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Túnez, Uganda y Zimbabwe. El resto de los países no tienen leyes de privacidad.
Uno de los mejores ejemplos a seguir son las leyes de protección de datos de Sudáfrica, Kenia y Nigeria. Estos son tres países han promulgado leyes integrales de protección de datos y proporcionan un alto nivel de protección de los datos personales e imponen obligaciones estrictas a los responsables y procesadores de datos. El ejemplo opuesto a esto es el país de Eswatini (de áfrica meridional) que se ha convertido en el mayor referente en términos de violaciones en el panorama regional de derechos digitales, y los acontecimientos regulatorios en ese país vislumbran un panorama cada vez más amenazador.
La manipulación de datos personales es un robo de por sí y por lo tanto un delito, representa la vulneración a la privacidad de las personas. Si esos datos son usados con fines lucrativos o de control forzada de voluntades es considerado un crimen. Pero es importante que los Estados atiendan las demandas de sus ciudadanos y brinden protección legítima ante tales amenazas.
Como en todo el planeta, la mayor digitalización de datos personales se ha incrementado a pasos agigantados durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en la actualidad, el control y uso de esos datos y las recopilaciones de los mismos todavía no está del todo claro cómo protegerlos para que no se conviertan en armas ilegales de manipulación. Es una preocupación que nos concierne a todos y del cual el continente africano no está exento.
Desde Naciones Unidas se insta a todos los Estados a que implemente la siguiente norma: Cualquier recopilación, uso y procesamiento de datos debería fundamentarse en los derechos humanos y aplicarse respetando debidamente la legislación internacional aplicable y los principios de protección de datos y privacidad, incluidos los principios de protección de datos personales. En el caso de los países africanos el camino está marcado, pero aún queda mucho por delante para que cada implementación de normas al respecto tenga completa legitimidad y su práctica sea eficaz y efectiva.
Juan Pablo Urcola
Lic. en Comunicación Social (UNQ)
Diplomado en Ciencias Sociales (UNQ)
