Este 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, debemos continuar ampliando nuestra conciencia y para ello hay que ver donde no se mira. Las mujeres con alguna discapacidad sufren una doble discriminación: por género (dentro de nuestra sociedad actual donde aún el patriarcado dice presente en muchas prácticas e instituciones) y por ser una persona con discapacidad frente a una sociedad que aún  margina económicamente y socialmente a este colectivo.

Es necesario abrir un espacio para continuar pensando y por sobre todo para seguir haciendo, la sabiduría es saber hacer. Para ello es imprescindible contar con un diagnóstico que de cuenta de la heterogeneidad del colectivo de las personas con discapacidad (PCD) y que también pueda responder sus particularidades.

Para garantizar derechos y desarrollar políticas públicas adecuadas este sector requiere un análisis interseccional, una herramienta para el análisis que aborde múltiples discriminaciones y nos permita afrontar diferentes problemáticas sociales que impiden el goce de los derechos y oportunidades.

Si entrecruzamos los clivajes de género y discapacidad vemos que se produce una combinación de desigualdades que da origen a un tipo específico de desigualdad a combatir. Es en este sentido que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recomienda incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad.

Por ello, un análisis interseccional no solo debería servir para enriquecer los fundamentos de la política pública, sino además debe ser tomado en cuenta para generar dispositivos de atención acorde que den una respuesta oportuna y conforme a los derechos vulnerados y las particularidades de cada persona.

En este sentido, es importante destacar las políticas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández, en su discurso inaugural del periodo legislativo ordinario, especialmente en lo referido a las políticas vinculadas a discapacidad y género.

En principio afirmó la necesidad de sancionar una nueva Ley marco que garantice los derechos de las personas con discapacidad superando normativas surgidas en la dictadura militar.

En cuanto a las políticas de género celebramos que se haya anunciado la pronta presentación de un proyecto de Ley que instaure un régimen de licencias parentales igualitarias. Atacando de este modo a una de las principales desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.

Otra iniciativa para destacar, la cual se encuentra en consonancia con una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por la ONU es el de reconocer y valorar los cuidados no remunerados, es la presentación de un proyecto de Ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.

El mismo implica una creación de puestos de trabajo para centenares de miles de personas y de asistencia a un millón de personas que la requieren. Esta normativa apunta a combatir la desigual distribución del trabajo de cuidado que constituye otro de los puntales en las que se alojan las desigualdades.

Esta distribución desigual del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Esta Ley permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidados o acompañamientos.

Para finalizar es importante destacar que todas y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ser cuidados y cuidar a otro, es importante por ello contar con una participación activa de las mujeres con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas que nos afectan diariamente para pensar un país con desarrollo inclusivo.

Leonardo Martín Pacecca
Director de Desarrollo de las Capacidades Institucionales
CIPDH – UNESCO

Federico Giles
Asesor Dirección Estudios e Investigación
CIPDH – UNESCO