El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.
Articulo 13 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.

En los años subsiguientes, la fecha se tomó como referencia y acompañamiento de   manifestaciones en solidaridad con los migrantes. A partir de este antecedente, se encararon campañas para la promoción de  un día oficial de reconocimiento de las personas migrantes y sus derechos. Así se llegó al 4 de diciembre de 2000, cuando a través de la resolución 55/93, la Asamblea General de la ONU dispuso: “teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. Decide proclamar el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante”.

La Convención adoptada en 1990 finalmente entró en vigor el 1° de julio de 2003, tras haber sido ratificada por un mínimo de 20 países. En la actualidad, la han ratificado 52 países.

Entre 2000 y 2015, el número de migrantes internacionales en todo el mundo creció un 41%. Mientras que en 2015 se calculan 244 millones, en 2000 este número era de 173 millones (ONU, 2016). En América Latina y el Caribe hay alrededor de 9 millones de migrantes internacionales, que realizan importantes contribuciones a sus países de origen y a los países de destino.

En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, según el Portal Global de datos Migratorios.

El 19 de septiembre de 2016, en la primera cumbre sobre desplazamientos de migrantes y refugiados, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas específicas para los Estados Miembro. Estas obligaciones contraídas por los Estados se conocen bajo el nombre de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes (o simplemente la Declaración de Nueva York). En ella se reafirma la importancia de la protección internacional de estas personas y se subraya la obligación de los Estados de mejorarla. Hace apenas algunos días, 164 países aprobaron el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, en la Conferencia Intergubernamental que tuvo lugar en Marrakech (Marruecos).

 

Migrantes y ciudades

Las ciudades son espacios que conectan las acciones locales con las globales y proporcionan visibilidad y proximidad a los diferentes actores implicados. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en ciudades y se prevé que para 2050 llegará al 66% (ONU, 2014). Asimismo, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas tienden cada vez más a instalarse en los centros urbanos, transformándolos en espacios multiétnicos, multiculturales e interculturales.

En 2017 la UNESCO resaltó la importancia de las ciudades como espacio estratégico de desarrollo sostenible y de promoción de la interculturalidad y, a su vez, movilizó diferentes plataformas de ciudades, entre ellas la de la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles -con un   capítulo específico para América Latina y el Caribe- y la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia.

Hoy más que nunca las autoridades locales deben cobrar protagonismo en el combate a los prejuicios contribuyendo al desarrollo de políticas que favorezcan la inclusión y potencien el encuentro de las culturas. Los gobiernos se enfrentan al desafío de gestionar políticas que incluyan esa diversidad y valoren las contribuciones a sus países y a los países de destino que realizan los y las migrantes internacionales.

La Guía ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional

En este contexto, el CIPDH elaboró la Guía ODS y Ciudades. Movilidad humana internacional con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe y la Colaboración de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia.

Se trata de una herramienta de apoyo a los gobiernos locales  que brinda un panorama de las diversas estrategias de atención, acogida e integración de migrantes y refugiados/as en las ciudades de América Latina y el Caribe, desde una perspectiva de derechos humanos y en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La publicación contextualiza y da un marco conceptual a un fenómeno mundial y regional signado por millones de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que cada vez más tienden a instalarse en ciudades, transformando los espacios urbanos en multiétnicos, multiculturales e interculturales. Asimismo, aborda los múltiples desafíos y el rol estratégico de los gobiernos locales para el desarrollo de políticas inclusivas de la diversidad en materia de movilidad humana.

Para su desarrollo se realizó en 2017 un proceso de consultas a las ciudades miembros de la Coalición, entrevistas a actores clave de las ciudades y se analizaron documentos y diagnósticos internacionales actuales en materia de movilidad humana.  Además, se identificaron y analizaron más de cien experiencias relevantes de todo el mundo vinculadas a los y las migrantes, solicitantes de asilo y/o refugiados/as  y se seleccionaron aquellas que por su pertinencia y encuadre se consideraron más elocuentes para la región y las ciudades de América Latina y el Caribe.

La Guía  se presenta como  una herramienta práctica que incluye 13 posibles vías de acción a ser implementadas por los gobiernos locales para la gestión de la movilidad humana internacional, con enfoque de derechos humanos y contemplando la participación social y la producción sistemática de información como factor sustancial de las mismas. Dichas acciones abordan temas como educación, género, salud, acceso a la documentación, acceso al empleo, institucionalidad, participación y lucha contra la discriminación. Además, el trabajo da cuenta de las diversas etapas sugeridas para la implementación de este instrumento práctico en la gestión local.