En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de aquella Resolución fue “promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural”.

El trabajo de muchos años de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades se reflejó en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, un instrumento internacional de derechos humanos que tiene el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

La Convención, el primer instrumento de derechos humanos de gran amplitud del siglo XXI, entró en vigor el 3 de mayo de 2008, al ser ratificada por 20 países. Actualmente, cuenta con 163 signatarios, 94 signatarios del Protocolo Facultativo, 182 ratificaciones de la Convención y 96 ratificaciones del Protocolo.

La convención adopta un modelo social de discapacidad, y también la define: “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”.

Posterior a la Convención, la ONU ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos internacionales. Y en 2019, lanzó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, “en concordancia con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos”.