Entre los años 1996 y 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú se llevó a cabo un Programa de Planificación Familiar que esterilizó sin consentimiento informado a 272.028 mujeres y 22.004 hombres. El programa tuvo por objetivo reducir la pobreza a través de la baja forzosa de la tasa de natalidad de las poblaciones de bajos recursos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres provenientes de comunidades rurales, indígenas y campesinas. Cada región tenía un número de esterilizaciones que el personal de salud debía cumplir. Quienes no cumplían con esta cuota asignada eran amenazados y el personal que más esterilizaciones realizaba era premiado con incentivos. También se realizaron “Festivales de salud” y campañas publicitarias masivas en el marco del programa.

Aún cuando las vasectomías eran más económicas y menos riesgosas de realizar, el programa estuvo dirigido especialmente a mujeres, que son mayoría en el número de víctimas. Fujimori presentó este programa en la cuarta conferencia de la Mujer de la ONU en China en 1995 alegando que las mujeres serían “dueñas de su propio destino”. Sin embargo, la mayoría de las víctimas declaran que fueron esterilizadas sin consentimiento informado, con condiciones de higiene, cuidado e infraestructura inapropiadas, bajo amenaza, violencia, engaño, desinformación, coerción y sin ningún tipo de seguimiento post-operatorio. Incluso los consentimientos son simbólicamente violentos ya que eran firmados en escrito y en español siendo la mayoría de las víctimas analfabetas y/o quechuaparlantes.

Actualmente se registran 18 muertes causadas por estas intervenciones y el resto de las víctimas sufre secuelas físicas, emocionales y psicológicas como cefaleas, hemorragias, depresión, parálisis de las extremidades, dolores intensos en el vientre, la cadera y la espalda, debilitamiento muscular, disminución de la libido e insuficiencias cardíacas. 

Se registran también consecuencias económicas y culturales ya que las víctimas se vieron imposibilitadas de realizar sus trabajos rurales y artesanales, y obligadas a migrar para subsistir. Muchas de ellas señalan el estigma y la pérdida de valor que supone no poder tener hijos/as así como el peso económico y cultural que implica el verse imposibilitada a realizar labores y devenir en una carga para sus familias y comunidades.

El caso de las esterilizaciones no fue contemplado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y aunque hay más de 8.000 víctimas inscritas al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas aún no han accedido a una medida de reparación integral.

En enero del 2021 comenzaron a realizarse audiencias y en junio del mismo año se inició la causa contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer. Se cuenta con evidencias suficientes para probar que las esterilizaciones fueron una politica sistemática dirigida contra la población civil y una grave violación a los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas. Sin embargo, el proceso fue dilatado, postergado y obstruido en varias oportunidades.