Entre 1994 y 1998, el Observatorio Nacional para los Derechos Humanos (actual Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el organismo público nacional responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en Argelia) recibió denuncias de cientos de casos de desaparición forzada cometidos por el Estado. El organismo transfirió estos casos a las Fuerzas de Seguridad alegando el procedimiento conocido como “localización del lugar de posible detención”, y ellas respondieron que, en tanto encargadas de hacer cumplir la ley, negaban la responsabilidad en los casos de desaparición.

El Observatorio no opuso objeción ante el argumento de las Fuerzas de Seguridad, lo que fue interpretado por los familiares como una negativa a realizar investigaciones efectivas. Esto no los detuvo en su búsqueda por la verdad, y lograron que los organismos internacionales dirigieran la mirada hacia sus pedidos de justicia. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones realizadas en 1998 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la lista de personas desaparecidas no fue publicada y no se conocen detenciones.

Así, en mayo de 1998 nació en París el Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (Colectivo de Familia de Desaparecidos/as en Argelia-CFDA) bajo el impulso de un grupo de madres de desaparecidos, entre ellas Nassera Dutour, hoy portavoz de la asociación  cuyo objetivo principal es defender el derecho a la verdad y la justicia de las familias de los desaparecidos. En agosto de ese año realizaron su primera reunión frente al Observatorio Nacional de Derechos Humanos en Argel, que se convirtió en un evento semanal.

Desde su inicio, el colectivo ha organizado giras por Europa para promover la conciencia sobre el alcance de las violaciones de los derechos humanos en Argelia. En 2001, CFDA abrió su sucursal en Argel, la asociación SOS Disparues (SOS Desaparecidos), con el objetivo de reunir a los familiares de las víctimas, estructurar el movimiento de las madres en Argelia y ofrecer asistencia técnica para el inicio de los pasos administrativos y judiciales para sus reclamos. El movimiento se fue extendiendo a otras ciudades de Argelia, como Orán y Constantina, y llevó a cabo  diferentes campañas de sensibilización. SOS Disparues  se convirtió en un centro de gestión de registros de víctimas de desapariciones forzadas. Los archivos y todos los documentos recopilados se envían y centralizan en la sede de París para mantenerlos en un lugar seguro, ya que la asociación no ha sido aprobada legalmente por la sistemática negativa del Gobierno argelino de darle personería jurídica.

En septiembre de 2006, mediante referéndum, se adoptó la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, acompañada de cuatro leyes de implementación que prohibían el enjuiciamiento de las Fuerzas de Seguridad argelinas; castigaban –con prisión o multas– a quienes promovieran las heridas de la tragedia nacional y permitía a los familiares reclamar una compensación financiera a cambio del establecimiento de un juicio de muerte de los desaparecidos. Estas iniciativas no han impedido que las madres continúen marchando pacíficamente todos los miércoles exigiendo la verdad sobre lo sucedido a sus hijos e hijas.