Esclavitud

La Convención sobre la Esclavitud de 1926 la define como «el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos» concepto ampliado en el año 1956 en la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.

En una concepción moderna, la esclavitud y sus prácticas análogas se configuran ante instituciones y/o costumbres en las que existen elementos de control y propiedad a que es sometida la víctima de esclavitud por otro ser humano, por lo general acompañadas de la amenaza de violencia. Estas incluyen algún grado de restricción a la libertad de circulación y/o sobre sus pertenencias personales.

El Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente a Mujeres y Niñas define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”

Violencia contra las mujeres, diversidades sexuales y/o por razones de género

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) adoptada en 1979, es el primer instrumento internacional referido exclusivamente a derechos de las mujeres. En el año 1992 mediante la Recomendación 19 el Comité de la CEDAW incluye como parte de la Convención la noción de violencia contra las mujeres como derivación del concepto de discriminación, entendiendo que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación por motivos de género y que la discriminación es una de las causas principales de dicha violencia.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1993, afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos” definiéndola como “ todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” y reconociendo que esta puede ser física, sexual o psicológica y cometida por la familia, la comunidad o por agentes estatales (o con su colaboración).

En el ámbito regional, en el año 1994 se dicta la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, también conocida como "Convención De Belem Do Para" que reconoce expresamente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

En 2003 se dicta El Protocolo de Maputo sobre los Derechos de la Mujer en África, anejo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en 2011 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Cabe mencionar que en el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron en 2006 los “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género” (Principios de Yogyakarta). Este documento no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero establece estándares legales para guiar la actuación de los Estados y otros agentes en materia de prevención y erradicación de la violencia, abuso y discriminación sistemática que sufren LGBTI+.

Genocidio y/o crímenes masivos

El genocidio está definido en el art 6º del Estatuto de Roma y el art. 2º de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio  como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Se requiere la concurrencia de dos elementos: el elemento físico (los actos perpetrados) y el elemento mental (la intención). También debe determinarse que las víctimas han sido atacadas de forma deliberada por su pertenencia real o percibida a alguno de los cuatro grupos protegidos y no por sus individualidades.

El genocidio se utiliza como herramienta para expandir el terror y eliminar la identidad del grupo oprimido imponiendo la del opresor.

Graves violaciones cometidas en el marco de conflictos armados

Las infracciones graves cometidas en el marco de conflictos armados son actos concretos –enumerados en los Convenios de Ginebra y el Protocolo I, conocidos por el nombre de crímenes de guerra, término que se aplica tanto en los conflictos internos como en los internacionales.

Con el objetivo de limitar sus efectos, el Derecho Internacional Humanitario  busca, por un lado, restringir el derecho de las Partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios de combate y por otro, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar de las hostilidades.  Los crímenes de guerra incluyen los ataques intencionados contra civiles, el pillaje, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y el uso de menores de 15 años para su participación activa en las hostilidades.

Graves violaciones cometidas en el marco de persecución política

Se trata de un accionar estatal sistemático que reprime, maltrata y somete a vejaciones a individuos o grupos disidentes u opositores, en tanto son considerados como una amenaza a las relaciones de poder existentes.

Este ejercicio de la violencia pretende también disciplinar al resto de la sociedad,  dándole a esas acciones un carácter ejemplificador, con el objeto de que ésta se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad.