Todos los 2 de octubre de cada año, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa participaban de las movilizaciones en Ciudad de México hacia la Estela de Tlatelolco para conmemorar a las víctimas de la matanza de estudiantes de 1968. Para su traslado hasta la capital, los estudiantes “tomaban” autobuses (es decir, controlaban el autobús hasta su destino y luego liberan al conductor) para reducir los costos del viaje. Cada año, la toma de autobuses provocó conflictos con la policía local, como el llamado Conflicto de Ayotzinapa. El 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes cerró la Autopista del Sol y se trasladó a Chilpancingo de los Bravo para solicitar el cumplimiento de un pliego petitorio. Cuando llegaron fueron reprimidos por la policía y dos de ellos murieron. Esto desencadenó una serie de manifestaciones en repudio a dichos sucesos y en reclamo de justicia. El conflicto provocó el juicio político del gobernador estatal y la renuncia del Procurador del Estado.

Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acercándose la conmemoración del 2 de octubre, un grupo de estudiantes que arribaron en cinco autobuses a la terminal de Ciudad de México, provenientes de la ciudad de Iguala, fueron perseguidos y atacados por la policía municipal y estatal.

Este episodio generó un sismo político en México, por su resonancia internacional, y produjo declaraciones de preocupación de Estados y organismos internacionales. Ante el reclamo de familiares por la falta de una adecuada investigación que esclareciera los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEDI). EL GEDI destacó en su informe que en total 180 personas fueron víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos en presencia de varias fuerzas de seguridad estatal en las que cuarenta y tres normalistas fueron detenidos y desaparecidos, seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, y más de ochenta profesores, normalistas y familiares que reclamaron justicia sufrieron amenazas o atentados contra su vida. La investigación contó con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Luego de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano adoptó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en noviembre de 2017 y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley fue reconocida a nivel internacional como una ley avanzada en materia de protección de los derechos humanos.