Llegando al cuarto del siglo XXI, se agravan en el mundo algunos problemas críticos que desafían las búsquedas de soluciones emprendidas. Entre otros, emerge con fuerza el tema ambiental y propone revisar modos de relación con la naturaleza y el modelo de energía, producción, descarte y consumo de nuestra civilización global.
Existen diferentes definiciones y enfoques para interpretar y afrontar los problemas emergentes. Cada uno implica distintos caminos y modos, más o menos transformadores, instrumentales o inclusivos en la concepción de la naturaleza, incluyentes o no de otras culturas y modos de habitar el planeta, así como diferentes evaluaciones sobre las posibilidades de continuidad y desarrollo del modelo actual. Estos debates y tensiones atraviesan la época en todas las geografías.
América Latina y el Caribe enfrentan desafíos ambientales apremiantes. Su excepcional riqueza natural y biodiversidad, extensión de bosques, reservas de minerales, agua dulce y tierras cultivables sufre pérdida de biodiversidad, desertificación, deforestación, aumento de catástrofes, acidificación de los océanos y cambios en el clima. A los impactos sociales y ambientales se suman las consecuencias de economías extractivas y modos de producción intensivos. La conflictividad social resultante en contextos complejos, de débil institucionalidad y en ocasiones controlados por actividades ilegales, deriva con alarmante frecuencia en fuertes niveles de violencia y crímenes contra las personas defensoras de derechos ambientales, en su mayoría contra integrantes de pueblos indígenas.
Frente a este panorama, nuestra región emprende el desafío de implementar un acuerdo de gobernanza elaborado transversalmente y con la participación de organizaciones y sociedad. El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe, adoptado en 2018, propone herramientas democráticas para abordar la cuestión. Establece derechos que abren a la sociedad posibilidades de implicarse en los procesos de toma de decisiones ambientales: los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, incluyendo la novedad del compromiso de los Estados miembros a la protección de defensores de derechos humanos en temas ambientales. El Acuerdo está en proceso de construcción de planes de acción y de implementación en cada país firmante. Movimientos y organizaciones de toda la región impulsan la adhesión y ratificación de los países que no lo han hecho, así como la participación en los planes de acción y la inclusión de perspectivas y temas específicos para garantizar los derechos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Hablar de ciudadanía ambiental es hablar de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano, puerta y condición necesaria de otros derechos, y el de participar en su cuidado y las decisiones que lo afectan. La cualidad colectiva, universal y atemporal (pues también pertenece a las generaciones futuras) del derecho humano al ambiente es fundamento de la ciudadanía ambiental y el involucramiento activo de la sociedad. El acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia son herramientas clave para que organizaciones y ciudadanos involucrados acompañen, desafíen y consoliden las acciones gubernamentales.
Este número de la revista explora algunos de estos aspectos de la relación entre ambiente, ciudadanía y democracia.
- ¿Cómo se entrelazan condiciones sociales, eventos ambientales y democracia?
- ¿Puede el movimiento de protección ambiental incluir temas y miradas diversas?
- ¿Cuál es el alcance del proceso participativo del Acuerdo de Escazú?
- ¿Resulta posible abordar desde la gobernanza la complejidad de la temática ambiental, particularmente los contextos específicos de poblaciones más expuestas?
- ¿Cuáles son las perspectivas que, desde la sociedad, se demanda integrar a los planes de implementación?
- ¿Cómo adecuar las políticas ambientales a los avances de la gobernanza climática internacional, incorporando lineamientos de derechos humanos que garanticen inclusión y equidad.
En cuanto al aumento de desastres por causas climáticas que compromete la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el mundo. ¿Qué estrategias se están proponiendo para la mitigación de daños por desastres ambientales?
Estas y otras preguntas enlazan la diversidad de notas de este número que explora la relación de ambiente con gobernanza y democracia, incluyendo el arte como lenguaje no sólo expresivo sino como herramienta de reflexión y comunicación, el aporte de la particular relación con el ambiente desde comunidades indígenas y las posibilidades de las herramientas institucionales en las decisiones ambientales. Esperamos que sea un aporte a una reflexión y comprensión del tema desde una perspectiva necesaria para afrontar los desafíos de la época.
Texto: Pía Berdiñas
Arte: Roble de Eslavonia, Alejandro Stein
