Durante los dos últimos años se han llevado a cabo consultas virtuales públicas regionales sobre el proyecto del Plan de Acción Regional sobre personas defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, lideradas por un grupo de trabajo conformado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves.

En las reuniones han participado organizaciones indígenas de diversos países. De Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú y sus bases regionales ORAU, COMARU, CORPI-SL, ORPIO y CARE enviaron propuestas para fortalecer los mecanismos de participación y comunicación con las y los defensores ambientales.

Han solicitado la institucionalización de un mecanismo o espacio específico para la participación de representantes defensores y defensoras indígenas de carácter vinculante, con poder de decisión, para garantizar el enfoque intercultural en los órganos de gobernanza dentro del Acuerdo de Escazú. En otros espacios como el Foro Permanente de Naciones Unidas, Foros de Empresas y Derechos o las Conferencias de Cambio Climático se han generado espacios importantes que pueden ser aplicados para este proceso.

Asimismo, redes de la sociedad civil como la Red Escazú Ahora o la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras Indígenas, han participado en conjunto con otras redes y organizaciones de la región con diversas propuestas. Entre ellas, que se incluya un diagnóstico regional sobre la situación de las y los defensores con información desde los propios territorios, identificar y reconocer las iniciativas de autoprotección indígena y locales, fortalecer las capacidades de los diferentes operadores de justicia y de la seguridad nacional para a la protección y defensa, incluir el enfoque intercultural y de género, implementar un sistema de alerta temprana regional para alertar casos y prevenir ataques, asignar un fondo regional de emergencia a las y los defensores ambientales, sus familias y organizaciones representativas, e incluir indicadores claros de supervisión del plan de acción.

Si bien este plan de acción será implementado por aquellos países que han ratificado el acuerdo, será fundamental que se pueda encontrar el mecanismo necesario para que sirva para aquellos países donde la violencia a las y los defensores es mayor y que no son parte aún de Escazú como Brasil, Colombia, Honduras, Perú. De este modo, sería una herramienta con mayor impacto en la región y que podría ayudar a acabar con la impunidad en este tema.

Es necesario que el plan de acción regional tenga un enfoque de fortalecimiento de la sociedad civil pero también estatal. Algunos países ya cuentan con herramientas aprobadas sobre la protección a las y los defensores. El plan debería contribuir a superar limitaciones de las herramientas aprobadas, brindar pautas a las entidades encargadas de seguridad y justicia (para aportar claridad en el desarrollo de las intervenciones y los actos de protección), reforzar la articulación de los sectores involucrados con las organizaciones locales indígenas para fortalecer la participación de la sociedad civil.
Ello también implica articular los instrumentos nacionales e internacionales con los protocolos propios indígenas de defensa y autoprotección que se basan en su cosmovisión y conocimiento local sobre el territorio, es decir, el reconocimiento de iniciativas locales colectivas para una efectiva protección.

Por otro lado, también debe reforzarse la articulación con las entidades públicas a nivel local, subnacional y nacional. Para contar con una protección más efectiva, es indispensable generar compromisos institucionales para la coordinación entre las prefecturas y fiscalías de prevención del delito. Las instancias regionales y locales deben estar involucradas también para atender los riesgos que ocasiona la falta de titulación de las comunidades indígenas.

De este modo, el plan de acción regional será una herramienta útil para fortalecer los sistemas de protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales a nivel nacional y regional.