El camino alternativo.
por Cristina Reynals, Soha Ben Slama y Cesare Ottolini
Ilustración: Carolina Fernandez Ares, sobre investigación propia sobre el caso de desalojos de Sengweres del bosque de Embobut, Kenia, presentado al Tribunal.
Desde 2009, los esfuerzos por desalojar a los sengweres del bosque de Embobut han hecho que este pueblo indígena se vea sometido a la violencia del Servicio Forestal de Kenia. En enero de 2014, pese a una orden judicial que prohibía el desalojo, un destacamento de guardas forestales y policías entró en el bosque y quemó hasta 1.500 casas. El 16 de enero de 2018, un hombre murió de un disparo y otro resultó herido de gravedad durante un desalojo forzoso llevado a cabo por guardias del Servicio Forestal de Kenia. Desde el 29 de diciembre de 2017, más de 300 casas han sido arrasadas por incendios premeditados. Al pueblo sengwer no se le consultó de forma auténtica en ningún momento, y tampoco se obtuvo su consentimiento libre e informado antes de su desalojo. Se trata de una violación flagrante del derecho tanto keniano como internacional.
Ver:
- Kenia: Los desalojos de sengweres del bosque de Embobut, indebidos e ilegales - Amnistía Internacional
- Kenia / Bosque de Embobut: Experto de la ONU exhorta a la protección de pueblo indígena que enfrenta desalojo
- OHCHR; BURNING OF 28 SENGWER HOMES IN EMBOBUT FOREST, ELGEYO MARAKWET « Defenders Coalition
Los desplazamientos de poblaciones por temas ambientales, ya sea por los cambios meteorológicos como por algunas de las políticas diseñadas para enfrentarlos, generan situaciones que vulneran derechos humanos básicos. Frente a la cuestión, el Tribunal Internacional de Desalojos dedicó su novena sesión a tratar desalojos forzados por causas ambientales. Se trata de un tribunal de opinión lanzado por la Alianza Internacional de Habitantes que convocó, visibilizó, juzgó y dictó recomendaciones a Naciones Unidas y a los gobiernos respecto a ocho casos en distintos lugares del mundo.
A principios de diciembre de 2019 se constituyó en Chile el Tribunal Internacional de Desalojos (TID) para abordar la situación particular de desalojos causados por el cambio climático, por la falta de políticas adecuadas y como resultado de políticas ambientales. El Tribunal fijó sesiones paralelas a la COP 25 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 20193. Dada la decisión del gobierno chileno de mover la reunión de la COP 25 de Santiago a Madrid, provocada por la movilización social en la calle, se decidió continuar realizando dos sesiones del TID: inició sus trabajos el 5 de diciembre en Santiago de Chile centrado en cuatro casos de desalojo en América Latina y los continuó en Madrid el 8 de diciembre, donde se examinaron tres casos de desalojo de África, Asia y Europa, además del caso de Venecia, Italia.
Así, con un valiente e inédito salto, desde el encendido clima de las protestas populares en Santiago de Chile hacia Madrid, en plena movilización internacional para protestar contra la grave inacción de los gobiernos frente a la crisis climática, en el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática y en paralelo a la COP 25, se desarrolló la sesión del Tribunal Internacional de Desalojos sobre Cambio Climático (TID)3.
Las sesiones fueron coordinadas y llevadas a cabo por el Comité Directivo Internacional de TID con gestión colectiva que involucró a organizaciones locales y redes internacionales5.
En Santiago, las organizaciones que conforman la Sociedad Civil por la Acción Climática sostuvieron cerca de 120 actividades repartidas durante los 10 días que duró la Cumbre, reafirmando su compromiso con acciones para mantener el aumento de temperatura de la tierra por debajo de los 1,5º celsius y para generar un espacio de participación de la ciudadanía en el debate sobre cambio climático. Se propuso tener mayor ambición para detener el avance del calentamiento global, terminar con el uso de carbón como fuente de energía, lograr la firma del Acuerdo de Escazú para proteger a defensores ambientales, reforestar con bosque nativo, asegurar el uso del agua para el desarrollo de los ecosistemas y la vida y mucho más.
A pesar de que la COP fue trasladada a Europa, no se dudó en continuar con la Cumbre así como con el Tribunal, que dividió su tarea en los dos lugares. En Madrid, una movilización acompañó a la Cumbre Social por la Acción Climática, que se llevó a cabo en paralelo a la COP25, reuniendo a organizaciones de la sociedad civil y generando múltiples actividades en torno a la crisis climática.
- COP se refiere a la Conferencia de las Partes, cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se reúnen los 196 países más la Unión Europea, que conforman a las Partes.
- Tribunal Internacional de Desalojos sobre Cambios Climáticos – Dos sesiones en una: Santiago de Chile – Madrid
- La Alianza Internacional de Habitantes y FIMA, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), Techo Chile, Techo Internacional, UKAMAU, ATTAS- FRACTAL, Mesa Social para la Vivienda Digna y la Ciudad Justa y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Ecologistas en Acción
- Tribunal Internacional de los Desalojos
La novena sesión del TID: el derecho a la vivienda y a la tierra vinculados a la crisis climática
Esta sesión del TID fue la novena desde su creación en 2011 por la Alianza Internacional de Habitantes 6 en el marco de la Campaña Cero Desalojos. El Tribunal tuvo por objetivo analizar, juzgar y proponer medidas para enfrentar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el derecho a la vivienda y a la tierra por causas ambientales en ocho casos de todos los continentes. El Jurado estuvo compuesto por expertos internacionales y presidido por la Relatora de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda.
Los casos se convocaron a través de un llamado internacional, ofreciendo voz y visibilidad internacional a comunidades locales que presentaron casos paradigmáticos de los 280 millones de personas bajo amenaza de desalojos y desplazamiento por cambios climáticos7.
Se presentaron tres casos de asentamientos informales en Antofagasta, Chile, con amenazas de desalojo por riesgo ambiental, cuyas comunidades cuestionan la medida y denuncian que se trata de proyectos ocultos de infraestructura y valoraciones inmobiliarias8.
Desde Argentina se presentó un caso de ausencia de políticas de prevención de desastres ambientales: Villa El Libertador, donde 30.000 habitantes viven abrumados por desbordes de residuos cloacales debido a la ausencia de políticas para hacer frente al colapso de la capa freática y a los pozos negros, resultado del cambio climático9.
El caso de Asia, respondió a la situación de casi 40.000 habitantes de la Isla de Kutubdia, Bangladesh, afectados por un ecosistema perturbado por ciclones y mareas, que no habían recibido respuestas adecuadas del Estado10.
De Europa, la Ley de Minería “Menschenrecht von Bergrecht”, sobre la política de transición hacia energía sostenible del gobierno alemán que paradójicamente amenaza con destruir pueblos y desalojar a 1.500 personas en la región de Garzweiler con la expansión de la mina de lignito11.
También el caso de la marea alta en Venecia, Italia, impacto del cambio climático y la turistificación que sumerge cada vez más la ciudad a causa de la excavación de los canales para permitir el paso de grandes embarcaciones. alterando el equilibrio de la laguna, además de la subida del nivel del mar, provocada por el cambio climático12.
Finalmente, de África, el tema de los desalojos forzados del pueblo Embobut de Sengwer en Kenia, causados por el Water Project con el pretexto de la protección de los bosques y la mitigación del cambio climático, desalojos que violan los derechos de un pueblo que ha estado preservando el bosque durante siglos13.
La Sesión del Tribunal Internacional de Desalojos sobre Cambio Climático fue coordinada por la Alianza Internacional de Habitantes en colaboración con el Comité Organizador gracias al compromiso de las organizaciones sociales promotoras de la Cumbre Social por el Clima en Chile y Madrid14. Habitat & Participation colaboró sistematizando la presentación de los casos en el marco del World Habitat Map.
El Jurado estuvo compuesto por expertos internacionales y presidido por la Relatora de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda15. Los testimonios de las víctimas de los desalojos, que no tuvieron espacio en la cumbre oficial, denunciaron que los gobiernos no cumplen con su obligación de proteger los derechos humanos al no implementar políticas para abordar el cambio climático y, por otro lado, al adoptar políticas calificadas como “resilientes” que a menudo ocultan intereses particulares. La ausencia del indicador de “desalojos” en las medidas de impacto ambiental de la COP favorece esta desresponsabilidad.
Los acusados responsables de los desalojos, gobiernos, autoridades locales, empresas, al no hacer uso de su derecho a presentar sus argumentos y pruebas exculpatorias, fueron juzgados en rebeldía.
El Jurado internacional, tras escuchar los testimonios y analizar la documentación, enunció veredictos y recomendaciones de soluciones respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente. Un Jurado popular, integrado por militantes, interactuó con el objeto de analizar los problemas, proponer soluciones y sugerir movilizaciones. “Todos los casos han demostrado que la característica común de los desalojos forzosos y el desplazamiento involuntario son inducidos debido a (1) la provisión inadecuada de infraestructura y (2) las acciones climáticas preventivas sin la consulta de la comunidad, el apoyo del estudio científico, la evaluación socioambiental y la búsqueda genuina de alternativas, correspondientes a la integración social urbana”.
- La Alianza Internacional de Habitantes
- Un Tribunal paralelo a la COP 25 dará voz a las víctimas.
- Campamento Rene Schneider, Antofagasta, Chile , Desalojo Balmaceda, Antofagasta. Desalojo de la toma Frei, Calama, Chile
- Colapso de cloacas, desmoronamientos y desalojos en Villa el Libertador
- Isla Kutudbia, Bangladesh
- Ley de Minería, Alemania
- Inundaciones en Venecia y desplazamientos.
- Desalojo forzoso de los Sengwer en Embout, Kenya.
- El Comité Organizador en Chile estuvo compuesto por: Boris Cofré (Fundación FEMAN – Movimiento pobladores Ukamau). Felipe Reyes (Fundación FEMAN – Movimiento pobladores Ukamau). Ezio Costa Cordella (ONG FIMA – SCAC). Felipe Pino (ONG FIMA – SCAC). Patricia Araya (ONG FIMA – SCAC) . Gabriela Burdiles Perucci (ONG FIMA – SCAC). Juan Joaquín Aedo (ONG FIMA – SCAC). Juliana Mercau (TECHO Internacional). Matthias Casasco (TECHO Chile. Pablo Rojas Varas (ONG ATTAS-FRACTAL y Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, Antofagasta). En Madrid participaron: Plataforma Afectados por la Hipoteca y Ecologistas en Acción.
- Jurado TID sobre cambio climático: Leilani Fahra, Relatora de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la vivienda, Canadá; Agustín Territoriale, abogado de derechos humanos, Argentina; Alejandra Vania Cajas, abogada, Chile; Ana Sugranyes, arquitecta, Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile; Diego Lillo Goffreri, Abogado, Clínica de justicia ambiental, Chile; Gabriela Burdiles Perucci, abogada de derechos humanos, FIMA-SCAC. Chile.Hung-Ying Chen, urbanista, coordinadora de la sesión del TID en Asia del Este, Taiwan; Ignacio Silva, jefe nacional legal Inmobiliaria Social de TECHO, Chile;. Toñi Vazquez, activista, Comisión Internacional PAH, España; Apoyo jurídico: Julieta Perucca, abogada de derechos humanos, Canadá.
Las Recomendaciones del TID y su impacto.
Las Recomendaciones generales de la sesión del TID16 pidieron un enfoque sensible y basado en los derechos humanos para la acción climática, que reconozca a las personas como titulares de derechos. Se solicitó una moratoria completa de los desalojos, así como la protección de toda violencia y criminalización de los activistas por los derechos a la vivienda y a la tierra, los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
Asimismo, se exhortó a la ONU a que cumpliera plenamente con sus responsabilidades, reanudando el diálogo con la sociedad civil sobre los desalojos e identificación de alternativas de resolución, ampliando y reafirmando el trabajo de la Relatora Especial de las Naciones Unidas. En particular, se solicitó establecer con obligatoriedad el “indicador desalojos” en la evaluación de impacto socio-ambiental de cada proyecto o política relacionada con el cambio climático, así como un sistema para observar el cambio climático, hacer un recuento y controlar los casos de desalojos a nivel mundial.
Las Recomendaciones se enviaron a las partes responsables de los desalojos, Estados y empresas, así como a la COP, dándoles 30 días para presentar sus comentarios, tras los cuales adquirieron carácter definitivo y constituyeron la base de las Recomendaciones específicas para cada caso.
Desde entonces, la aplicación de las Recomendaciones ha sido vigilada, en particular con ocasión de las Jornadas Mundiales Cero Desalojos que se desarrollan en el mes de octubre de cada año. La vigilancia se acompaña con movilizaciones locales y globales en el marco de la Campaña Cero Desalojos. Cabe destacar el fortalecimiento de la interlocución con algunas autoridades locales en Chile y la movilización contra los desalojos forzosos en Sengwer Embobut, Kenia.
Ante el silencio, la falta de voluntad o la impotencia de los tribunales ordinarios para hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos, el Tribunal Internacional de Desalojos ha ofrecido a las organizaciones populares y a sus aliados las herramientas para ser verdaderos agentes de protección del derecho humano a la vivienda y a la tierra frente a la crisis climática y las políticas que se aprovechan de ella.
El compromiso del Tribunal Internacional de Desalojos continúa, tanto en este tema concreto como con las próximas sesiones, dedicadas a los desalojos en Asia (FSM Katmandú, 15-19/02/2024) y a la cuestión de género (Buenos Aires, otoño 2024).
CRÉDITOS
- Cristina Reynals: Coordinadora para el Cono Sur de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), consultora en entidades no gubernamentales dedicadas a la defensa por el Derecho al Hábitat Digno. Fue coordinadora del programa de Radicación de Villas de la Ciudad de Buenos Aires, coordinadora del programa de Recuperadores Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y Directora Social del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Docente e investigadora UBA.
- Soha Ben Slama: Coordinadora del Tribunal Internacional de Desalojos y Miembro del Jurado en el Tribunal de Desalojos de Asia Oriental. Coordinadora de la Alianza Internacional de Habitantes en Túnez. Cofundadora y miembro de la Coalición de Mujeres Tunecinas. Cofundadora de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
- Cesare Ottolini Coordinador global de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH).
- Carolina Fernandez Ares, ilustradora, autora de fanzines, muralista, carpintera y docente de Literatura. carofernandezares@gmail.com @ciervo.de.madera
