Los rohingya son un grupo étnico indoario, sin identificación o representación a través de un Estado nacional, que mayormente profesa el islam -aunque con minorías que se adscriben al hinduismo y al cristianismo- y que residía principalmente en el estado de Rakhine, Myanmar, antes de los sucesos de agosto de 2017. Los rohingya proclaman que provienen originalmente del oeste de Myanmar y que descienden de pueblos de la Arakan precolonial y la Arakan colonial (actual Rakhine) con un legado de más de un milenio e influencia de árabes, mongoles y portugueses. Por su parte, el gobierno de Myanmar considera a los rohingya emigrantes de la época colonial y poscolonial británica procedentes de Chittagong, en Bangladesh, y no reconoce el término “rohingya”, prefiriendo referirse a la comunidad como “bengalí”. Esta noción pretende enfatizar el supuesto origen indio y musulmán, en lugar de myanma y budista, de la población rohingya en Myanmar.

El dominio colonial británico en Birmania (actual Myanmar) se extendió entre 1824 y 1948, cuando el país declaró su independencia. Los conflictos intercomunitarios entre musulmanes y budistas arakaneses existían desde décadas antes de la creación del actual estado de Myanmar, con distintos períodos de conflictos étnico-religiosos que comenzaron durante las sucesivas invasiones japonesa y tailandesa de Birmania y la retirada de la administración británica (1942-1948) durante la Segunda Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores. En este contexto, muchos musulmanes huyeron de las regiones controladas por los japoneses y de mayoría budista al norte de Arakan, y muchos otros fueron asesinados, mientras que los ataques musulmanes en represalia provocaron la huida de la población budista al sur de Arakan.

Bajo el gobierno militar de Ne Win, primer ministro de Birmania a partir de 1958, las autoridades se volvieron cada vez más hostiles hacia los rohingya y adoptaron medidas para privarlos de sus derechos ciudadanos y disolver sus organizaciones sociales y políticas. A partir de 1964, se crearon diversos grupos rohingya con el objetivo de crear una zona musulmana autónoma para su pueblo. La formación y existencia de varios grupos insurgentes como el Partido de Liberación Rohingya (1972-1974), el Frente Patriótico Rohingya (1973-1986), el Frente Islámico Rohingya de Arakan (1986-1998), el Ejército Nacional Rohingya (1998-2001), el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (2013-presente), el Ejército Rohingya de Arakan (2020-presente) y la Organización de Solidaridad Rohingya (1982-1998, 2021-presente) ha sido utilizada como excusa por las autoridades para atacar al pueblo rohingya en su conjunto con fines de desplazamiento y limpieza étnica.

En 1978, el ejército de Myanmar y funcionarios de inmigración llevaron a cabo una operación militar (Operación Rey Dragón) con el propósito declarado de empadronar a los ciudadanos del norte de Arakan y expulsar a los llamados “extranjeros” de la zona antes de realizar un censo nacional. El resultado fue el desalojo forzoso de aldeanos rohingya mediante intimidaciones, violaciones y asesinatos. En el lapso de los siguientes tres meses, entre aproximadamente 200.000 y 250.000 refugiados, en su mayoría musulmanes rohingya, huyeron a través de la frontera a Bangladesh. El gobierno de Birmania proclamó que el éxodo masivo confirmó que los rohingyas eran en realidad “inmigrantes ilegales”. Los episodios de 1978 supusieron el primer caso de persecución sistemática y violencia étnico-religiosa a gran escala contra los rohingya por parte de las autoridades estatales y la población budista-nacionalista de Myanmar.

Desde 1982 y en virtud de la ley de nacionalidad de Myanmar, a los rohingya se les niega la ciudadanía. También existen restricciones a su libertad de circulación, acceso a la educación estatal y a los empleos en la administración pública. Entre 1991 y 1992, otra operación militar de las Fuerzas Armadas de Myanmar (Operación Nación Limpia y Hermosa) reprimió a las comunidades rohingya del norte de Rakhine, y la violencia subsiguiente provocó el desplazamiento de entre 200.000 y 250.000 civiles. Otros episodios importantes tuvieron lugar en 2012, cuando la represión policial y militar de protestas y disturbios entre budistas y rohingyas se saldó con 168 muertos, 200.000 desplazados y más de 5.100 casas quemadas; y en 2016, cuando otra operación de “limpieza” incluyó detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violaciones en grupo, brutalidades contra civiles, incendios de casas, escuelas, mercados, tiendas y mezquitas, y saqueos. Aún se desconoce el número de víctimas mortales de los sucesos de 2016, que se calcula en centenares.

En la madrugada del 25 de agosto de 2017, hasta 150 insurgentes musulmanes lanzaron ataques coordinados contra 24 puestos policiales y la base militar del 552º Batallón de Infantería Ligera en el estado de Rakhine, dejando 71 muertos (12 miembros del personal de seguridad y 59 insurgentes). A partir de ese día, el ejército de Myanmar, junto con las autoridades locales y civiles budistas de Rakhine, lanzó represalias masivas que describió como “operaciones de limpieza” antiterroristas. Testimonios de refugiados rohingya informaron que numerosos civiles, entre ellos mujeres y niños, habían sido golpeados, violados, torturados, tiroteados, asesinados a hachazos o quemados vivos de forma indiscriminada, y que pueblos enteros habían sido incendiados por las autoridades y fuerzas paramilitares budistas. Estudios y agencias internacionales estiman que al menos 24.000 personas fueron asesinadas, 18.000 mujeres y niñas fueron violadas, 115.000 casas fueron incendiadas y más de 700.000 rohingya huyeron o fueron desplazados forzosamente a Bangladesh como consecuencia de los hechos posteriores al 27 de agosto, generando una grave crisis humanitaria. En la actualidad, más de un millón de refugiados rohingya residen en enormes campos de refugiados en Bangladesh, y aproximadamente 600.000 personas permanecen aún en el estado de Rakhine, donde siguen enfrentándose a graves restricciones de derechos y a la amenaza de nuevos actos de violencia.

Desde los sucesos del 25 de agosto de 2017, un informe de la Misión Independiente de Investigación designada por el ACNUDH de septiembre de 2018 recomendó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera el caso a la Corte Penal Internacional y registró “graves violaciones y abusos a los derechos humanos” como violaciones masivas, asesinatos, torturas y encarcelamientos. También acusó al ejército de Myanmar de crímenes contra la humanidad, genocidio y limpieza étnica. El informe de la misión recomendó que seis generales birmanos fueran juzgados en un tribunal internacional por las atrocidades cometidas contra los rohingya. Un informe final compilatorio de la Misión en septiembre de 2019 amplió y endureció las recomendaciones para el gobierno de Myanmar.

El 11 de noviembre de 2019 Gambia, con el apoyo de las 57 naciones de la Organización para la Cooperación Islámica, presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la ONU en nombre de los rohingya, alegando que Myanmar cometió un genocidio contra el grupo minoritario musulmán. Dos días después, la Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) presentó una demanda federal en Argentina en virtud de la “jurisdicción universal” contra altos dirigentes militares y civiles,  y el 14 del mismo mes la CPI autorizó una investigación sobre posibles crímenes contra los rohingya por parte de altos cargos militares y civiles. El 23 de enero de 2020 Gambia ganó una sentencia contra Myanmar en la CPI para que se adoptara una medida provisional de protección, ya que ésta consideró que el gobierno demandado había incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. El 27 de junio de 2024, el fiscal federal argentino Guillermo Marijuán solicitó la detención y declaración indagatoria de 25 funcionarios, militares y policías de Myanmar por aberrantes “crímenes de genocidio y lesa humanidad” cometidos contra la comunidad rohingya en ese país desde el año 2012 hasta el año 2018.