La consulta popular del Yasuní podría marcar un primer paso hacia una política donde los instrumentos de la democracia estén del lado de las opciones de futuro. La consulta fue una invitación a votar no por un candidato sino por una decisión ambiental trascendente y por el impulso para dar un primer paso a un Ecuador post petrolero. 

La Consulta de 2023 fue la culminación de un largo proceso por el derecho a la participación en temas ambientales. Se inició con la movilización ciudadana para la campaña de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre la explotación del campo petrolero Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana¹. El movimiento Yasunidos presentó 750 mil firmas en 2014 con la propuesta de votar por “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. Esta presentación no fue validada en un principio, iniciándose la explotación de la zona en 2016 y sucesivas acciones administrativas y jurisdiccionales de reclamo².  En 2023 la Corte Constitucional procedió a validar la constitucionalidad y vigencia de la pregunta. Los comicios se realizaron el 20 de agosto de 2023, otorgando el 58,91% de los votos a la opción Sͳ. 

Respecto a la aplicación de los resultados de la elección popular, la Corte Constitucional adelantó los términos de interpretación al señalar que, en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado, debería realizarse “un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. Adicionalmente, el Estado no podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43”⁴. 

Ese “retiro progresivo y ordenado de las actividades de extracción”, cuenta con una aclaración de la misma Corte en la que señaló que  “…el tiempo de no más de un año se refiere a la suspensión de la explotación de petróleo del bloque 43, en el que la meta sea la suspensión total. Así como también el inicio de “la reparación de la naturaleza, la protección del territorio de los PIAV, entre otras acciones, a través de los ministerios competentes”⁵. 

El cierre de actividades, la reparación de la naturaleza y la protección del territorio de los PIAV y otros pueblos indígenas, son el horizonte de una decisión que se encuentra en compás de espera. El gobierno anterior y el actual gobierno han dilatado el inicio del cierre definitivo y han determinado que iniciarán el proceso el 31 de agosto del 2024, es decir un año después de la proclamación de resultados⁶. Los pasos han sido lentos, pero a nadie le cabe dudas de que son de obligatorio cumplimiento.

Sabíamos que habría dificultades. La industria petrolera inició  una fuerte campaña que no logró convencer, sobre la oportunidad que representa el petróleo para salir de la pobreza, que no hay precedentes de un cierre de operaciones “productivas”, que el costo de cierre será muy alto y que un país pobre como Ecuador no tiene por qué sacrificarse. 

Si bien las transiciones han ganado espacio en los debates nacionales e internacionales, cuáles son y quién da los primeros pasos son temas en ciernes: mientras los gobiernos se demoran, los pueblos indígenas y apegados a la tierra son los que con sus resistencias impulsan el cambio. 

Yasuní pone  un nuevo tema en la agenda para las transiciones: la reparación integral a las comunidades indígenas afectadas y dependientes de la industria petrolera, y la restauración y regeneración de la naturaleza misma, violentada en las zonas de sacrificio.

El Yasuní es una zona en donde desde hace 10 años se ha construido un enclave petrolero con 225 pozos del ITT, 12 plataformas y una planta de procesamiento de petróleo, una red de oleoductos cableado. Y dado que se plantea mantener el plan de perforaciones por 6 meses más, llegarán a 236 pozos. La empresa de Petróleos del Ecuador propone un cierre lento que concluiría en 2034, lo cual implicaría un claro incumplimiento del resultado de la Consulta⁷.

¿Qué obligaciones y tiempos implica un retiro ordenado y programado de la actividad petrolera? ¿Cómo se recupera un territorio sacrificado? ¿Cuáles son las acciones de justicia para enfrentar los históricos abusos cometidos contra la naturaleza y los pueblos? ¿Cuáles son las garantías de no repetición que deberían quedar pre-establecidas? 

El plan de abandono es uno de los instrumentos y exigencias del Estado para las empresas, antes de iniciar sus actividades. Pero “abandono” no es dejar los pozos tirados, o hundir plataformas. Abandono es la entrega del área en las condiciones previas a la instalación de la infraestructura, es desmantelar la infraestructura, retirarla, rehabilitar los ecosistemas, restaurar, reparar, recuperar autonomía para los pueblos y para la naturaleza misma. 

El 2024 será un año de muchas agencias dentro del Yasuní. Está pendiente una visita de la Corte Interamericana por el caso de los Pueblos en Aislamiento Voluntario debido a la falta de protección del Estado⁸. Los pueblos de la nacionalidad Waorani, habitantes del Yasuní, han declarado la emergencia de su territorio debido a las afectaciones que han sufrido y al incumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La sociedad reclama por señales claras de retiro ordenado y progresivo.