La transición de Argentina hacia la democracia ha sido un viaje transformador, entrelazado con la protección y promoción de los derechos humanos.
Luego de la dictadura cívico militar, el país emprendió el camino de la consolidación democrática cuando se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas e inició el proceso de juzgamiento a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la sociedad.
En efecto, los esfuerzos por establecer mecanismos de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición se evidenciaron en los juicios a los responsables. Este proceso de justicia transicional, aunque plagado de retos y controversias, simbolizó el compromiso de Argentina de hacer frente y asumir su pasado y de fomentar una cultura de transparencia y respeto a los derechos humanos.
A pesar de los avances sustanciales en la gobernanza democrática y en la protección de los derechos humanos, deberemos seguir profundizando los desafíos pendientes. Cuestiones como, por ejemplo, la discriminación a comunidades marginadas, la violencia institucional y las disparidades económicas ponen de manifiesto una lucha constante por hacer plenamente realidad los principios de la democracia y la justicia. Además, el cambiante panorama de la política y de las presiones económicas internacionales, el avance de la tecnología, materializado, por ejemplo, en la Inteligencia Artificial; plantean nuevos retos a las democracias y al marco de los derechos humanos, lo que exige esfuerzos permanentes.
De cara al futuro, el fortalecimiento de las instituciones democráticas es fundamental para garantizar la traza del rumbo iniciado hace 40 años con vistas a mantener un sistema político que se caracterice por su solidez, por la libertad, el respeto a los derechos humanos y el progreso.
En este sentido, es necesaria una mayor participación ciudadana y fortaleza para no regresar al autoritarismo. Las deficiencias institucionales, como la falta de transparencia e insuficientes controles y desequilibrios en los tres poderes del Estado y los bajos niveles de compromiso de la ciudadanía y de confianza en las instituciones políticas y, también, la desinformación y la difusión de información errónea, podrían producir sistemas debilitados que socaven los principios de responsabilidad y representación.
Por ejemplo, procesos electorales deslucidos por irregularidades, un acceso limitado a la información y los ataques a los medios de comunicación, la censura, la polarización ciudadana, agresiones al poder judicial y restricciones a las libertades civiles pueden dificultar la participación pública y provocar un retroceso democrático, corriendo el riesgo de caer en el conflicto.
Algunas democracias se enfrentan a importantes retos en relación con la defensa de los derechos de grupos marginados, como las minorías étnicas, las comunidades de pueblos originarios, las personas con discapacidad y los disidentes políticos; debido a discriminación y violencias que se ven, a menudo, intensificadas por tensiones y falta de mecanismos de protección eficaces.
A cuarenta años de democracia en Argentina, y este 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es fundamental continuar fomentando una cultura de respeto a los derechos humanos.
Esto implica la garantía del cumplimiento de normas internacionales, la mejora de los mecanismos de transparencia y la educación de nuestra sociedad para abogar por la protección de sus derechos proporcionando asistencia y supervisión para fortalecer nuestro sistema democrático.
Mg. Fernanda Gil Lozano
Directora Ejecutiva CIPDH-UNESCO
