En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS, por sus siglas en inglés) inició un experimento titulado “Estudio sobre la Sífilis No Tratada en el Varón Negro del Condado de Macon, Alabama”, también llamado Estudio Tuskegee, para determinar el curso natural de la sífilis latente no tratada en varones afroamericanos.

La prueba incluyó a 399 hombres sifilíticos, así como a 201 hombres no infectados que sirvieron de población de control. El primer informe publicado sobre el estudio apareció en 1936 y se publicaron artículos posteriores cada cuatro o seis años, hasta la década de 1960. Cuando la penicilina se generalizó a principios de la década de 1950 como tratamiento preferido para la sífilis, los hombres participantes en el estudio no recibieron terapia. De hecho, en varias ocasiones, el USPHS intentó impedir el tratamiento por otras fuentes. Además, un comité del Centro para el Control de Enfermedades, operado por el gobierno federal estadounidense, decidió en 1969 que el estudio debía continuar.

El pensamiento científico predominante sobre la raza y la herencia a principios del siglo XX es crucial para comprender el Estudio Tuskegee. Esta particular configuración de ideas, asimilada al darwinismo social, constituía el núcleo de la opinión médica sobre los afroamericanos, el sexo y la enfermedad a principios del siglo XX: se argumentaba que los pueblos esencialmente “primitivos” no podían asimilarse a una civilización blanca compleja. Bajo esta concepción, la población afroamericana era especialmente propensa a la enfermedad, el vicio y el crimen. Su deseo sexual se consideraba excesivo y su cerebro subdesarrollado. La profesión médica apoyó estas conclusiones de los antropólogos, etnólogos y biólogos de finales del siglo XIX y principios del XX. Según estos médicos, la lujuria y la inmoralidad, las familias inestables y las “tendencias barbáricas” hacían a los afroamericanos especialmente propensos a las enfermedades de transmisión sexual.

El USPHS determinó que el condado de Macon, Alabama, en el que se encuentra la ciudad de Tuskegee, tenía la tasa de sífilis más alta de los seis condados relevados a tal fin. Las suposiciones de que las condiciones en Tuskegee existían de forma “natural” y de que los hombres no recibirían tratamiento de todos modos proporcionaron la justificación del experimento: estas dos asunciones se basaban en las actitudes médicas predominantes con respecto a los afroamericanos, el sexo y las enfermedades.

La medicina moderna siempre ha considerado como principio nunca realizar un experimento sobre un ser humano que pudiere ser innecesariamente dañino de cualquier forma para su integridad, sin importar cuán valioso resultare para la ciencia (al menos sin consentimiento informado del/la sujeto/a). Este principio y otros fueron tipificados en el Código de Nüremberg (1947), cuando los tribunales militares que juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo expusieron las atrocidades de los experimentos médicos llevados adelante por los nazis en seres humanos. En el juicio “Estados Unidos de Norteamérica vs Karl Brandt, et al”, cuya corte interviniente articuló el Código Nüremberg como parte de los veredictos, representantes oficiales de la American Medical Association (AMA, por sus siglas en inglés) sugirieron claramente que experimentos como el Estudio Tuskegee eran prácticas inaceptables en Estados Unidos y en el mundo entero. Sin embargo, el estudio continuó aun cuando el Código y sus provisiones se habían diseminado ampliamente en la comunidad científica y la población general. Otros códigos de ética para la investigación científica surgidos por la necesidad de ampliar y complementar el Código Nüremberg son la Declaración de Helsinki (1964), la Guía Ética para la Investigación Clínica de la AMA (1966) y el código de la Asociación Americana de Psicología (1972), todos ellos elaborados y difundidos mientras el Estudio Tuskegee continuaba en activo.

Un artículo el 26 de julio de 1972 en el New York Times divulgó nacionalmente y por primera vez información sobre el estudio, mencionándolo como “el más largo experimento no terapéutico sobre seres humanos en la historia de la medicina”. En ese momento, setenta y cuatro de los sujetos de prueba seguían vivos y al menos veintiocho (aunque se especula con que la cifra real sería de más de cien) habían muerto directamente de lesiones sifilíticas avanzadas. El 28 de agosto de ese año y a raíz de los reportes aparecidos en la prensa, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (DHEW, por sus siglas en inglés) formó el Panel Asesor Ad Hoc para el Estudio de la Sífilis de Tuskegee, en respuesta a las críticas que habían suscitado las descripciones del experimento en la prensa. El panel, compuesto por nueve miembros (cinco de ellos afroamericanos) se centró en dos cuestiones: la primera, si el estudio estaba justificado en 1932 y si los hombres habían dado su consentimiento informado, y la segunda, si debería habérseles suministrado penicilina cuando estuvo disponible a principios de la década de 1950. El grupo también se encargó de determinar si el estudio debía darse por concluido y de evaluar las políticas vigentes en materia de experimentación con seres humanos. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar no detuvo el experimento hasta el 19 de noviembre de 1972, debido a la reacción adversa entre la opinión pública. El Panel Asesor publicó su informe siete meses después: consideró que el estudio había sido “éticamente injustificado” y argumentó que se debería haber suministrado penicilina a los hombres. Sin embargo, la investigación del DHEW no mencionó un hecho crucial: que los hombres participaron en el estudio bajo la impresión de que recibían o recibirían tratamiento. Más aún, durante los cuarenta años que duró el experimento, el USPHS intentó en varias ocasiones asegurarse de que los sujetos no recibieran tratamiento de otras fuentes.

En 1974, como parte de la resolución de una demanda colectiva presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) en nombre de los participantes en el estudio y sus descendientes, el gobierno estadounidense pagó 10 millones de dólares y acordó proporcionar tratamiento médico gratuito a los participantes supervivientes y a los familiares supervivientes infectados como consecuencia del estudio. El Congreso norteamericano creó además una comisión facultada para redactar normas que impidan que se produzcan abusos de este tipo en el futuro.