El derecho a la vida es el derecho que está por sobre todos los derechos. La pena de muerte contradice en su total y absoluta conceptualización este derecho básico. En términos jurídicos se definiría como un grave delito que penaliza otro delito.

Desde principios del decenio de 1960, aunque en la mayoría de los países todavía se aplicaba la pena capital, los encargados de redactar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés) ya habían iniciado gestiones encaminadas a obtener su abolición en el marco del derecho internacional.

Fue en 1984, que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Y en 1989, unos 33 años después de la aprobación del Pacto Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del ICCPR, que dio un nuevo y decisivo impulso al movimiento de abolición.

Actualmente más de 160 Estados Miembros de las Naciones Unidas cuentan con una amplia gama de sistemas jurídicos, culturas y tradiciones religiosas, y han abolido la pena de muerte o no la ponen en práctica. Sin embargo, en muchos países todavía se aplica este castigo.

Desde el año 2003, se celebra cada 10 de octubre el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Una iniciativa impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un organismo que agrupa a las organizaciones abolicionistas que buscan erradicar totalmente esta pena de los sistemas judiciales de cada nación.

En función de la defensa del derecho universal a la vida, conmemoramos este día con la esperanza de que la justicia y las normas legales se adecuena a su protección.