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¿Cómo hacer realidad el derecho a la ciencia?

El 20 de marzo se llevo a cabo el panel “Derecho a la Ciencia: Acceso al Conocimiento”, organizado en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA +40).

“¿Tenemos una visión latinoamericana y caribeña de qué es para nosotros el derecho a la ciencia? ¿Cómo tiene que ser expresado en políticas públicas para que nuestras sociedades puedan decir que tenemos este derecho?”. Con esta reflexión Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en Montevideo, dio inicio al debate que se dio el pasado 20 de marzo en el panel sobre “Derecho a la Ciencia: Acceso al Conocimiento”, organizado en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA +40).

Brito destacó que el derecho a la ciencia, si bien es mencionado desde hace décadas en declaraciones y pactos internacionales, recién en los últimos años empezó a ser impulsado por diversos Estados y organismos como la UNESCO. En línea con ello, este panel convocó a especialistas y funcionarios/as de diferentes disciplinas a pensar un derecho que es complejo y diverso. Para Brito, como para la totalidad de los/as panelistas, este derecho implica el acceso a los descubrimientos científicos, pero también el derecho a producir conocimiento.

Una de las panelistas fue la directora del CIPDH-UNESCO, Patricia Tappatá Valdez. Según explicó, en Latinoamérica el derecho a la ciencia ha quedado relegado: “No aparece como uno de los derechos más urgentes. La pobreza aguda nos lleva a privilegiar el derecho al trabajo, a la salud, la vivienda, la educación”. Sin embargo –señaló Tappatá Valdez– es destacable el aporte de científicos/as en la búsqueda de memoria y justicia por los crímenes de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. En particular, recordó a la figura del antropólogo estadounidense Clyde Snow, quien en 1984 ayudó a conformar el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los métodos de la EAFF fueron clave para la identificación de restos de desaparecidos/as no solo en Argentina, sino que fueron un modelo para muchos otros países del mundo, incluso hasta la actualidad.

También participaron del panel Jesús Guadalupe Fuentes, miembro del consejo directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC); Fabio Senne, coordinador de proyectos TIC del Centro Regional de Estudios para la Sociedad de la Información, de Brasil; Joshua Setipa, director ejecutivo del Banco de Tecnología para los países en vías de desarrollo y Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  y Técnicas de Argentina (CONICET).

El encuentro virtuoso entre el desarrollo científico y su aplicación a necesidades de la sociedad no es un hecho frecuente. Las razones son múltiples. Tappatá Valdez mencionó, entre otros factores, la desigualdad: “La vigencia de los derechos humanos en general y la cuestión de convertir el derecho humano a la ciencia en una realidad comparten una misma plataforma de partida, que es la desigualdad. Tanto en su nivel estructural como en los cambiantes contextos que permiten un acceso dispar a los bienes, a la información, a la tecnología y a los productos del desarrollo científico”, afirmó. Señaló, además, las dificultades que encuentran las mujeres para participar y progresar en la profesión científica.

En esta línea intervino Joshua Setipa: “Todo el mundo está hablando de la cuarta revolución industrial mientras que en algunas comunidades no se puede ni siquiera descargar una página de internet porque hay dificultades en la conexión”, sostuvo. Y advirtió: “Salvo que haya un esfuerzo deliberado y dedicado para abordar los desafíos, ya sea desde el punto de vista de la política, donde hay que realizar inversiones y garantizar que el marco de las políticas de los países esté avalando el desarrollo de la ciencia, la declaración del derecho a la ciencia va a ser solo eso, una declaración”.

Por su parte, Jorge Tezón aportó su mirada como miembro de la comunidad científica. Afirmó que cuando se habla de limitaciones en el desarrollo científico, la respuesta de la comunidad científica suele ser pedir más financiamiento para más investigaciones. Si bien la falta de presupuesto es un problema, sostuvo Tezón, no se le da la misma importancia a la apropiación por parte de la sociedad del conocimiento científico ya existente. Para ello, “hay que traducir ese conocimiento y contextualizarlo dentro de un conflicto o una necesidad”, sostuvo. Y dio como ejemplo positivos los censos de población y los sistemas de información climática, que son claves para la planificación de cultivos y cosechas.

Fabio Senne habló sobre las denominadas “tecnologías de la información y la comunicación” (TICs).. Para él, el derecho a la ciencia “es una herramienta para garantizar otros derechos y ahí me parece que las TICs son un aspecto central para la producción de políticas públicas”. En particular destacó los efectos positivos que puede tener en el fortalecimiento de las democracias. Por ejemplo, contó,  algunos países han sancionado leyes que obligan a los gobiernos a la transparencia de sus actos, debiendo publicar en sus sitios web documentación y balances presupuestarios de sus acciones.

Otro tema importante dentro del panel fue el respeto y uso de saberes ancestrales y populares. Si bien no tienen los mismos sistemas de creación y comprobación que utiliza la comunidad científica, han existido desde tiempos inmemoriales y han sido claves en el desarrollo de las sociedades. Tezón afirmó que era posible y necesario ese encuentro entre la saberes científicos y populares, en tanto Jesús Guadalupe Fuentes, perteneciente al pueblo Mixteco de Puebla, México, hizo una gran defensa del conocimiento indígena: “Creo que hemos hecho ciencia. Debemos manejar conceptos que hablen de un reconocimiento social y cultural a los pueblos indígenas, que tenemos valores y visión”, sostuvo. Para concluir, Fuentes propuso una colaboración entre Estado y pueblos indígenas que contemple el respeto a la naturaleza.

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