El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental y esencial para el ejercicio de los demás derechos.
La calidad del ambiente tiene directa influencia sobre la salud de la población, el entorno animal y vegetal, la economía, la alimentación, la vivienda, el agua y la cultura.
Es responsabilidad primaria de los Estados garantizar la preservación del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, como así también resguardar la salud de la población.
En las últimas décadas, los avances de la actividad humana sobre la naturaleza han afectado severamente las diversas esferas que la conciernen, representando una amenaza para la vida, la naturaleza, la sociedad y la economía del presente y futuro.
En este contexto, el Cambio Climático se presenta como la principal amenaza con consecuencias e impactos directos sobre las poblaciones, en particular en las más vulnerables.
Al mismo tiempo, se alzan en el mundo diversas voces de lucha en contra de actividades que dañan el ambiente y profundizan las causas de la crisis climática. Estas organizaciones ven afectada su libertad de expresión. Según la organización Global Witness durante el año 2020 se registró el asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el ambiente.
Frente a esta emergencia surgen distintas propuestas desde los Estados y la gobernanza internacional, así como desde gobiernos locales y redes de municipios.
Nuestra región dispone de una importante herramienta política regional que dinamiza, enriquece y fortalece las políticas ambientales nacionales y locales.
El Acuerdo de Escazú instrumenta y garantiza la participación segura de la ciudadanía en asuntos ambientales.
Además de un acuerdo en materia de protección ambiental se constituye como un tratado pionero en derechos humanos.
Por lo anterior, durante el mes de junio de 2022 el CIPDH-UNESCO, con el apoyo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO (FCE-UBA) y con el objetivo principal de capacitar sobre los principales ejes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú; pondrá en marcha la 1ra. edición del Programa de Formación Ejecutiva exclusivo para funcionarios y funcionarias de gobiernos locales.
Próximamente se abrirá la convocatoria para futuras ediciones.