En diálogo con especialistas, el CIPDH-UNESCO abordó los desafíos para la profundización de una agenda global de género.

A pesar de cumplirse 70 años desde que el derecho a la igualdad se consagró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los casi 40 años de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y de las más de dos décadas desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ningún país en el mundo ha conseguido la igualdad total entre géneros. “La prevalencia de la violencia extrema contra las mujeres, junto a las múltiples formas de discriminación estructural y los estereotipos de género que han afectado de forma histórica a las mujeres, se manifiestan en numerosas desigualdades en el empleo, la educación, la salud, la participación política, entre otros aspectos de nuestra vida”, sostuvo Patricia Tappatá Valdez, directora del Centro Internacional Para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH UNESCO).

A fin de reflexionar e intercambiar perspectivas sobre las transformaciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y eliminar las brechas de desigualdad, el CIPDH UNESCO convocó el 19 de junio último, a un desayuno de trabajo con funcionarios/as públicos/as, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos/as referentes en materia de género. “En base a sus aportes procuramos identificar temas prioritarios, desafíos y oportunidades para que el CIPDH lleve adelante iniciativas concretas en materia de género, complementando y fortaleciendo las acciones ya existentes a nivel nacional e internacional”, enfatizó la representante del Centro.

En un mes caracterizado por masivas movilizaciones de mujeres, los/las especialistas destacaron el re-encuadre de la agenda feminista y el surgimiento de nuevos significados y miradas de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, que lograron trascender la opinión pública y se instalaron en la agenda política. “Lo que hay hoy más que nunca es un escalamiento y ampliación de las problemáticas de género”, explicó Paola Bergallo, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora adjunta del CONICET. Además señaló la relevancia del proceso de transversalización, por ejemplo, en materia de “derechos sexuales y reproductivos que dejaron de ser relegados al ámbito de la salud para formar parte de una batalla social mucho más amplia”. Por su parte, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y co-presidenta del Comité de ONGs para la CSW de América Latina y el Caribe, dijo: “El tema debe abordarse desde un lugar amplio, no solo la mujer y la diversidad sino la integralidad (…) Tenemos que estar planteando una agenda de igualdad”.

Los/las participantes también coincidieron en reconocer la ampliación del activismo de género más allá del feminismo tal como lo conocimos, a partir de las repercusiones de movimientos como “Ni una menos” o “Me too” (Yo también) y de campañas focalizadas en temáticas específicas como la legalización del aborto, entre otras. Las demandas de identidad, de reconocimiento y de igualdad se articulan con la construcción de movimientos sociales más amplios, plurales y transnacionales, capaces de impulsar procesos de cambio en la agenda pública. Ejemplo de ello, es la emergencia del colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) como un actor político y social relevante, con posibilidad de incluir reivindicaciones históricas en la agenda. Durante las últimas décadas, “en muchos países apareció la agenda específica de la diversidad (…) Se dio una desactivación del tema como agenda subalterna a la género”, destacó Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe.

“El rol de la sociedad civil fue crucial para la motorización de las demandas (de género)” dijo María del Carmen Feijóo, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Efectivamente, las organizaciones y movimientos sociales han impulsado la adopción de legislación y de políticas públicas vinculadas, por ejemplo, a larealización de derechos sexuales y reproductivos, a la promoción de la igualdad de género y a la prevención de la violencia contra la mujer.

El debate alcanzó consenso sobre la infraestructura legal lograda en Argentina en materia de género y diversidad, destacándose leyes relativas a la protección integral a las mujeres, la trata de personas, el abuso sexual, el parto humanizado, el matrimonio igualitario, la identidad de género, entre otras. Esta estructura normativa podría servir para avanzar gradualmente hacia una agenda más compleja que consagre los de derechos de las mujeres, tanto a nivel nacional como regional e internacional.

Sin embargo, los/las especialistas señalaron los problemas de implementación que subyacen a la vasta legislación existente. En este sentido, María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, marcó la relevancia de la creación de “(…) un cuerpo de abogados y abogadas especializados para el asesoramiento de víctimas de violencia de género y de la rigurosa selección y formación de los profesionales que ofrecen patrocinio jurídico”. Mariela Labozzetta, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal, manifestó  que en los casos de feminicidios “uno de los desafíos consiste en poder establecer un sistema regional unificado de actuación, formación de fiscales y fuerzas de seguridad intervinientes”.

Por otra parte, Roberto Saba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, advirtió sobre la insuficiente formación y especialización de los jueces en materia de género y sobre la importancia de una mayor incidencia en el poder judicial tanto en Argentina como en la región. Se requiere de una modificación profunda de las estructuras judiciales, para que sean menos excluyentes, menos machistas, menos violentas, y comiencen a reflejar con mayor equilibrio la diversidad propia de las sociedades que integran.

En términos de políticas públicas, Fabiana Túñez, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, destacó los importantes avances alcanzados a partir de la implementación del Plan Nacional contra la trata de personas y su agravante para los casos de violencia de género. También señaló cómo el incremento de denuncias de casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes ha motivado propuestas de desarrollo de políticas públicas en la materia e hizo hincapié en el Plan de igualdad de género, que “se está trabajando con la sociedad civil y con distintos Ministerios, en el marco del Plan de Gobierno Abierto, y que tiene que ver con muchos temas que se desprenden de la problemática como el sistema de cuidado.”

María Gabriela Quinteros, directora nacional de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, celebró el enorme desarrollo de políticas públicas en materia de diversidad sexual, destacando que la Argentina se ha convertido en un referente en la región. En este sentido Iñaki Regueiro de Giacomi, coordinador del Área de Género de la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial (CABA), destacó que la agenda LGBTIQ se cristalizó en políticas públicas focalizadas en la diversidad y coincidió con Paulón en que “la única manera de sostener las políticas es activando la participación ciudadana”.

María Luisa Martino, responsable de la Unidad de las Mujeres de la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto puso el énfasis en el plan de empoderamiento económico de la mujer que se presentó en el marco del G20 en Buenos Aires, en tanto “representa la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes programas (…) no sólo desde una óptica de la violencia sino desde el acceso a la justicia, a la participación política y a la lucha por la paridad de derechos”.

El desarrollo de políticas no sólo requiere el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia, defensorías del pueblo, agencias especializadas de derechos humanos de las mujeres y género, sino también, la articulación entre los distintos poderes y organismos gubernamentales que actúan a nivel nacional, sub-nacional y regional. Además, implica el involucramiento activo de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales, a partir de mecanismos de participación que permitan dar legitimidad y sustento a políticas de mediano y largo plazo. “Tenemos un Estado que ha ido generando muy tímidamente una institucionalidad de género, que se inició con la transición democrática y ha tenido distinto carácter en cada momento histórico”, señaló Feijóo. Al mismo tiempo los/las demás especialistas destacaron la articulación entre los organismos públicos, las organizaciones y movimientos sociales, y las instituciones académicas, como elemento decisivo para el logro de dicha institucionalidad y de la extensión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.