El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General, en su resolución 52/149, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el propósito de buscar su total erradicación de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para integrantes de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente.

Es un crimen de lesa humanidad por su acción en sí misma ya que destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación.

El trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas han demostrado que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, administrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra es una herramienta humanitaria única y universal que proporciona asistencia directa a las víctimas y a sus familiares dondequiera que se produzca la tortura.

El Fondo canaliza contribuciones voluntarias a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios jurídicos, sociales, humanitarios, psicológicos y médicos. Los beneficiarios incluyen a defensores y defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas refugiadas y migrantes, víctimas de la desaparición forzada, pueblos indígenas, víctimas de violencia sexual y de género y personas LGBTI, entre otras.

Es preciso que los Estados miembros continúen y adecuen estas políticas de protección hacia las víctimas y que apliquen leyes contra los torturadores sea cual fuera su rango, cargo o jurisdicción.

Este día es propicio para que esta labor de fortalezca y de esa manera promover el pleno goce de los derechos a las personas.