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Finalizó la 2da. edición del Programa de Formación Ejecutiva “Ambiente y Derechos Humanos: una aproximación a los principios del Acuerdo de Escazú”

Esta cohorte contó con la participación de 60 cursantes de gobiernos locales, concejos deliberantes, legislaturas, defensorías del pueblo, organismos judiciales, representaciones diplomáticas, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil provenientes de Argentina, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, México y Colombia.

La capacitación consistió en 5 encuentros y fue dictada en conjunto con el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Universidad de Buenos Aires. El último encuentro se realizó bajo la modalidad taller donde las y los participantes debatieron y formularon diferentes iniciativas que buscan implementar acciones efectivas, contempladas en el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales y justicia ambiental.

Algunas de las propuestas trabajadas durante la jornada de cierre abarcaron políticas de acceso a la información de la salud personal en mujeres, niños y niñas; un proyecto de transición energética en medios de transporte público de ciudades medianas y participación de un consejo de usuarios/as en su planificación; medidas de gestión integral de residuos en localidades; un procedimiento de consultas populares para la autorización de proyectos mineros y sistemas de educación en derechos humanos mediante el fortalecimiento y articulación con instituciones civiles.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado de protección del ambiente y de derechos humanos de la región.

El objetivo del programa de formación impulsado por el CIPDH, en articulación con el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, es difundir los principios del Acuerdo de Escazú, consolidar la Democracia Ambiental, generar redes de cooperación municipal y fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales.

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