El 28 de septiembre pasado, como todos los años, se conmemoró el Día de Acción Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta iniciativa surgió en Argentina en 1990, en el ámbito del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y después se extendió por todo el planeta, siendo celebrada por asociaciones feministas a nivel internacional.

Son pocos los países que en la actualidad cuentan con una legislación aprobada sobre el aborto legal y, lamentablemente, en otros países y estados donde ya contaban con ese derecho, decisiones judiciales han retrocedido al quitar ese derecho.

En el mundo se reportan alrededor de 121 millones de embarazos no deseados al año, de los cuales 73,3 millones terminan en abortos provocados, un tercio de ellos considerados “muy riesgosos” y también la causa del fallecimiento de al menos 23.000 mujeres, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher.

Cada año, de las300.000 mujeres fallecen por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada o que se realiza en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.

En África, la prevalencia de la mortalidad materna resultante del aborto inseguro sigue siendo una preocupación apremiante pero lamentablemente desatendida en todo el continente. La falta de servicios de aborto accesibles y legales obliga a innumerables mujeres a permanecer en las sombras, recurriendo a métodos inseguros que ponen en peligro sus vidas. A esto se suma, la falta de políticas públicas concretas para la prevención de los embarazos no deseados, así como también la falta de educación sexual y de información sobre el tema.

Este año es particularmente significativo ya que coincide con el vigésimo aniversario de la adopción del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África (Protocolo de Maputo). Este hito se celebró el 11 de julio de 2023 en Nairobi, Kenia.

Sin embargo, es desalentador que varios Estados miembros hayan ratificado el Protocolo con reservas sobre el artículo 14(2)(c), que garantiza el derecho de las mujeres al aborto con medicamentos. Estas medidas disminuyen la potencia del Protocolo y socavan sus objetivos y propósitos principales, vitales para su implementación efectiva.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países en desarrollo soportan la carga del 97% de todos los abortos inseguros. En América Latina y África, la mayoría de los abortos (aproximadamente 3 de cada 4) son inseguros.

Particularmente en África, casi la mitad de todos los abortos ocurren en las circunstancias menos seguras. La falta de acceso a servicios de aborto seguros, asequibles, oportunos y respetuosos y el estigma asociado con el aborto plantean riesgos para el bienestar físico y mental de las mujeres africanas. A esto se le suma la penalización del aborto en muchos Estados miembros de la Unión Africana (UA) que impide que las mujeres y las niñas busquen servicios de aborto seguros e integrales. Es lamentable como esta realidad golpea a mujeres y niñas de todo el continente y viola sus derechos más elementales.

Esto ha fomentado un entorno que impide a las mujeres regular la fertilidad y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos. Estas leyes sobre el aborto también se aplican de manera discriminatoria y afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas más vulnerables, incluidas aquellas de entornos socioeconómicos más bajos, áreas rurales y con niveles más bajos de educación.

La inaccesibilidad a servicios de aborto de calidad corre el riesgo de violar una serie de derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a la vida, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a beneficiarse del progreso científico y su realización, el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número, el espaciamiento y el momento de los nacimientos; y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Existen otros asuntos, que no dejan de ser relevantes, y que acrecientan la situación. Las tradiciones ancestrales de muchos pueblos africanos todavía hoy consienten la práctica de matrimonios forzados y el matrimonio con niñas menores, entre otras prácticas. También se le suma el casi nulo interés por erradicar las redes de explotación sexual y trata de personas.

Por todo esto, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO (CIPDH-UNESCO), hace un clamo de atención a los Estados africanos, a sus Parlamentos, a sus Poderes Judiciales, a que atientan con urgencia esta realidad que está afectado miles de mujeres de sus países. Los derechos de las mujeres deben estar contemplados en sus legislaciones y en totalidad. Los derechos de las mujeres y niñas africanas no pueden seguir siendo vulnerados o desprovistos de interés y tratamiento efectivo.

Hacemos un llamado a todos aquellos Estados que han desestimado el Artículo 14(2)(c) del Protocolo de Maputo a que levanten dichas reservas para acelerar las reformas legales y sociales para salvaguardar los derechos reproductivos de las mujeres.

Invitamos a que la Comunidad Internacional y los Organismos Internacionales encargados en la defensa de los derechos humanos, para que se unan a este reclamo. Todas las mujeres y niñas africanas necesitan que sus derechos sean ampliados, legitimados, defendidos y aceptados.

Fuentes: ONU | OMS | Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR)